El 'milagro económico' de Granada cumple un año

De aquel 'milagro' se cumple ahora un año y, de nuevo por sorpresa, se ve ratificado con otro dato que suena casi a ciencia ficción. Como ha podido confirmar este periódico, la ciudad cerró julio por debajo de los 30 días de media que marca la ley como el límite de tiempo que tienen las administraciones en pagar a sus proveedores y ha certificado un ejercicio completo cumpliendo este indicador.

El dato, por sí solo, no dice mucho. Sin embargo, contextualizado con lo sucedido a lo largo de la última década, permite vislumbrar la evidente mejora financiera de las arcas municipales, que se encuentran lejos del riesgo en que estuvieron durante años.

«Hacía demasiado tiempo que el Ayuntamiento de Granada no venía cumpliendo esta obligación legal: prácticamente diez años», afirma a IDEAL la concejal del área de Economía, Rosario Pallarés. La edil explica que cuando el equipo de gobierno de Marifrán Carazo llegó al Consistorio se fijó como primer objetivo a cumplir desde Economía situar el período medio de pago a proveedores en ese límite. Y recuerda que en aquel momento estaba en 71,65 días en mayo de 2023, más del triple que en la actualidad.

Un proceso de una década

Para entender el proceso hay que volver la vista atrás a 2012. Con el país sumido en una crisis económica que se llevó por delante miles de empresas y puestos de trabajo, la ciudad se vio abocada a aprobar un plan de ajuste que evitara la intervención del Ayuntamiento. La parálisis urbanística había cogido con el pie cambiado al equipo de José Torres Hurtado, que vio cómo de la noche a la mañana se esfumaban ingresos que debían sostener las fuertes inversiones realizadas tiempo atrás.

La capital se vio obligada a ajustarse el cinturón, lo que se tradujo en una reducción de la plantilla municipal, los recortes en la mayoría de las partidas presupuestarias y la prohibición de acudir a créditos para realizar inversiones. Sin embargo, lo que más se resintió fueron los pagos a los proveedores, que empezaron a acumular retraso. Si la ley indicaba que las administraciones tenían que abonar las facturas en 30 días, en Granada el indicador empezó una carrera ascendente que llevó desde los 59 registrados en aquellos tiempos hasta los más de 100 que se alcanzaron cuando Torres Hurtado abandonó la alcaldía.

La llegada del PSOE implicó la reordenación de las cuentas y la obligación de abonar las deudas que fueron aflorando. Solo por sentencias procedentes del mandato anterior, el equipo de Cuenca tuvo que hacer frente a alrededor de 40 millones de euros. Esto, sumado a la incapacidad para conseguir apoyos suficientes para aprobar un presupuesto que equilibrara las partidas, tuvo un impacto sobre el pago a proveedores, que se duplicó hasta los 219 días marcados en mayo de 2019.

El bipartito tomó el testigo entonces al frente de una ciudad que respiraba mejor que tres años antes, pero que seguía al borde de la intervención. Ese primer verano se marcó el récord histórico negativo, con 243 días de media en pagar las facturas. Sin embargo, la racionalización de las cuentas y la aprobación de nuevos presupuestos gracias a una alianza a tres bandas entre PSOE, PP y Ciudadanos inyectaron oxígeno en las arcas.

A 70 días

Cuando el bipartito llegó a su fin, los socialistas continuaron la senda iniciada en 2016 e, incluso, consiguieron renovar los presupuestos, algo que no habían conseguido en el mandato anterior. La bajada del pago a proveedores continuó hasta caer a 70 días de media en mayo de 2023. El hito más importante, no obstante, se produjo un mes antes, cuando la ciudad se acogió a un nuevo plan de pagos ofrecido del Ministerio de Hacienda. La evolución positiva permitió levantar algunas de las restricciones que existían, como la de contratación de personal, y el Ayuntamiento obtuvo casi 50 millones de euros con los que abonó buena parte de su deuda comercial.

La llegada del actual equipo de gobierno, comandado por Marifrán Carazo, afianzó la mejora, que se aceleró gracias a una conjunción de factores. Por un lado, una batería de iniciativas lanzadas por la edil de Economía que permitió recuperar ingresos que estaban en riesgo de perderse. Estos programas, que no implicaban cambios en las tasas, sirvieron para poner orden en expedientes que llevaban años paralizados. Por otro, la aprobación de nuevos presupuestos que aseguraron beneficios a las arcas municipales y alejaron definitivamente los fantasmas de la intervención.

Las medidas del 'milagro'

Pallarés recalca que esas medidas que se pusieron en marcha, controlando el proceso del pago, unido a dotar al Ayuntamiento de liquidez para abonar las facturas, dieron como fruto el cumplimiento del plazo en julio de 2024. «Desde entonces, y hasta la fecha, por tanto, son ya trece meses, más de un año de manera ininterrumpida, que este Ayuntamiento viene cumpliendo con la norma de pagar a sus proveedores en ese plazo máximo de 30 dias», asevera.

Hay que tener en cuenta que en este proceso, la ciudad también se benefició de la mejora económica nacional. El aumento de los ingresos logrado por las políticas del Ejecutivo tuvo eco en Granada, que recibió fondos récords por su participación en los impuestos del Estado. Esta inyección inesperada afianzó el rumbo adoptado por los populares y es otro elemento que explica el 'milagro'.

Así se llegó al verano del año pasado, cuando Granada bajó del límite legal máximo a la hora de pagar las facturas. Fue en aquel julio en que se registraron 25,47 días de media. El indicador, que parecía irreal, se ha mantenido estable desde entonces. Aunque en septiembre y octubre del año pasado se alcanzaron los 29 y 28 días de media, en los meses siguientes llegó a bajar a 21 y las proyecciones apuntaban a que la ciudad podría cumplir su primer año dentro de la ley.

El Ayuntamiento ha notificado al Ministerio de Hacienda que el pasado mes de julio se cerró con un periodo medio de pago a proveedores de 22,41 días, lo que certifica el buen estado de salud de las arcas públicas y el principio del fin de los problemas económicos de Granada. De hecho, desde el Consistorio destacan que el dato del mes pasado es el tercer mejor registro de los últimos diez años.

«Abonar las facturas a los proveedores en menos de 30 días supone, también, dar confianza y seguridad a la sociedad. Las empresas están más dispuestas a trabajar con el Ayuntamiento porque tienen la certeza de que van a cobrar en tiempo y no ponemos en peligro supervivencia de las pequeñas al no asfixiarlas financieramente», destaca la edil de Economía. Pallarés reitera que de esta forma el Consistorio granadino se sitúa como una administración apetecible para los empresarios. Además, apunta, esto supone que se pagarán menos intereses de demora, que actualmente están en el 11,15%. Y permite más competitividad, lo que lleva a una mejora de precios y servicios.