La Junta pagará 8,6 millones por la obra de una autovía de Granada que nunca se hizo

La gestión de este expediente de resolución del contrato ha evitado una judicialización del conflicto, con la consiguiente dilación hasta la sentencia firme y el abono adicional de intereses de demora, además del pago de una indemnización millonaria que habría tenido que afrontar la Junta, tal y como sucedió con otros pleitos por parte de anteriores gobiernos, como la sentencia por las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla o la del centro comercial Nevada en Armilla.

Según explican desde la Consejería de Fomento, no solo no se hizo la autovía «sino que los anteriores gobiernos no fueron diligentes para resolver el contrato, lo que abrió la puerta a reclamaciones como la que presentó la UTE adjudicataria, el 3 de diciembre de 2018, seis años después de renunciar y justo un día después de las elecciones andaluzas que le dieron la victoria al PP».

La obra de la A-308 Iznalloz-Darro se planteó para convertir esta carretera, que ya existe, en autovía para evitar el paso de tráfico de largo recorrido por el Área Metropolitana de Granada y el Puerto de la Mora, acortando distancias y tiempo de recorrido.

En septiembre de 2022, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda inició la redacción de los proyectos constructivos de aumento de capacidad de la carretera Iznalloz-Darro (A-308). Hubo cambio de planes y se olvidó la autovía que estaba en el cajón. Se ha pensado que lo más idóneo es facilitar los adelantamientos seguros en una vía con un tránsito muy elevado de camiones, sobre todo al tratarse de la ruta de desvío recomendada para el tráfico pesado cuando se corta por nieve el tramo de la A-92 por el Puerto de la Mora.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, indicó en 2022 que la Consejería trabaja en un modelo de carretera 2+1 «que ofrece una solución a los problemas de seguridad vial de la carretera sin renunciar a su conversión en autovía». A diferencia de otras vías convencionales, dentro de la plataforma de la carretera 2+1 se incluye, además de los carriles y arcenes, una separación central no destinada a la circulación de vehículos cuya función es materializar la separación de sentidos. Esta separación central se realizará mediante sistema de contención de vehículos o marca vial doble. Este proyecto está en fase de redacción.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que dirige ahora Rocío Díaz, a través de la Agencia de Obra Pública, ha alcanzado ahora un acuerdo, por el que se abona finalmente 8,67 millones de euros al concesionario en concepto de gastos incurridos. Con ello, se evita la indemnización millonaria por daños y perjuicios que reclamaba la contratista de 87,2 millones de euros. El pago acordado, que incluye la actualización conforme al IPC (8,2 millones de euros de inversión realizada más 449.842 euros de actualización), cuenta con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, y la conformidad previa del contratista.

Además, la Agencia de Obra Pública devolverá el aval depositado en su día por el concesionario para la formalización del contrato. La Junta de Andalucía adjudicó el 9 de mayo de 2011 por 184,7 millones de euros a una unión temporal conformada por cuatro empresas el contrato de concesión de la autovía Iznalloz-Darro, con un plazo de ejecución de 32 meses y, por tanto, con una previsión de puesta en servicio de finales de 2014.

El concesionario no cumplió el plazo establecido ni la posterior prórroga al cierre de la financiación. Al respecto, la concesionaria aludió que este plan no se llevó a efecto por la incertidumbre vertida al proyecto por los responsables del Gobierno andaluz de aquel entonces, que mostraron públicamente su disposición a una resolución o suspensión del proyecto. Eso derivó, según argumentaron, a que las entidades financieras con las que se había negociado desistieran. Pese a mostrar esa disposición, los dirigentes de las administraciones anteriores no resolvieron el contrato durante los años posteriores a la paralización de estas obras.

Seis años después, la concesionaria reclamó a la administración autonómica una indemnización por daños y perjuicios de 87,21 millones de euros. A esto se sumó la interposición de una demanda ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, en la que se seguía reclamando una indemnización por daños y perjuicios en concepto de lucro cesante, al margen del reconocimiento de los costes incurridos.

Durante la pasada legislatura, una vez iniciado el expediente de resolución por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta, el 9 de octubre de 2020, se acordó el archivo provisional de las diligencias y se evitó el pleito.

A partir de ahí se adoptó la vía de resolver el contrato. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía avala esta resolución, considerando ajustado a derecho el reconocimiento de los costes incurridos por el concesionario. La administración ha cuantificado estos costes conforme a lo dispuesto en el pliego.