Juicio por extorsión en Granada: «Yo era su prostituta y me debía mucho dinero»

De acuerdo con la fiscalía, que pide seis años de cárcel por cabeza, los acusados se presentaban reiteradamente en el domicilio y proferían amenazas de muerte. Los intereses demandados no paraban de crecer hasta cantidades desorbitadas, por lo que el padre del hijo ludópata, que falleció en 2018, tuvo que deshacerse de diferentes bienes de los que disponía, hipotecar propiedades familiares e incluso recurrir al patrimonio de su madre, de 75 años. Los hechos se remontan al verano de 2017. La familia, «agobiada y atosigada» por las supuestas amenazas, reconoció sus deudas ante notario. A cuenta de toda esta situación, tanto el padre de familia, su mujer y la madre del finado sufrieron ansiedad y depresión, encontrándose en una situación de «ruina personal, emocional y patrimonial»

Sin embargo, los acusados han negado estos extremos. Entre los prestamistas que se han sentado en el banquillo se encuentran miembros de dos familias distintas, más otros dos particulares y no tendrían relación entre sí más allá de ser vecinos del mismo pueblo. Además, entre los prestamistas de los extorsionados figuraba también el 'tonto' de Pinos Puente, un delincuente muy conocido en la localidad que falleció de un infarto en prisión en 2019.

La primera en declarar ha sido A. M., conocida por los suyos como 'chuminga'. La mujer ha asegurado que ella realizaba favores sexuales al fallecido, al padre del ludópata, y que de esa forma este granadino contrajo una deuda de un millón de euros con la acusada. «Yo era la prostituta del señor Antonio. Durante cuatro años y medio le hice favores sexuales y me debía muchísimo dinero», ha declarado la mujer, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación. «No conocía a la familia de este señor. Le seguí prestando servicios un tiempo porque me prometía que me pagaría. No le amenacé», ha añadido.

«Me dijo que me haría un papel para pagar. Un día me llamó. Me estaba esperando en el coche con su madre. Fuimos a la notaría de Santa Fe e hizo el reconocimiento de una deuda por mis servicios personales. Eso sí, los papeles del notario tuve que pagarlos yo», ha comentado.

A las preguntas del fiscal sobre si presionaba a la familia con visitas en su domicilio para que les pagaran, ha manifestado que una vez se presentó en su casa en compañía de su abogada para avisarle de que iba a reclamar por la vía legal el importe debido. «Salió la mujer y le dije que yo era la que se acostaba con su marido. Nos echó y pusimos la denuncia», ha relatado. «Yo era su esclava. Consentía mucho. Cuando quería y cuando le daba la gana tenía que ir. 24 horas a la semana pendiente de él. Me solicitaba servicios sexuales para otras personas», ha remachado. También han prestado declaración como acusados el yerno de 'chuminga', su hijo y el marido, quien ha apuntado que conocía que el fallecido era cliente de su esposa, con quien mantiene «una relación abierta». Todos han negado cualquier otro vínculo con la familia extorsionada.

En la misma línea, otros tres hermanos, conocidos como 'los gambullones' y empresarios de Pinos Puente, han negado los delitos de extorsión de los que se les acusa. Los tres han manifestado que se hicieron con la concesión de la gasolinera y compraron al fallecido, el padre del ludópata, y a su familia una casa en ruinas y unos terrenos. Uno de los hermanos ha manifestado que la familia extorsionada les había mostrado incluso su gratitud por hacerse cargo de la estación, que estuvo cerrada tras haber contraído una deuda con Repsol. De igual forma, han asegurado que los préstamos que le hicieron a sus vecinos fueron «de carácter personal».

El juicio ha tenido que superar numerosas vicisitudes, entre cambios de sala entre La Caleta y la Real Chancillería y un fallo técnico. Al arrancar la sesión, el magistrado que ha presidido el tribunal, Juan Carlos Cuenca, se negaba a suspender el juicio. La familia extorsionada había renunciado como defensa a quien ha ejercido la acusación particular, que podrá modificarse a lo largo del procedimiento, por lo que los abogados de los acusados han planteado la suspensión del juicio. Recientemente, la acusación particular había aportado un escrito donde demandaba que se les encausara también por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Por último, el abogado penalista Soliman Ahmed, defensa de la acusada y su familia, reclamaba en las cuestiones previas la nulidad del juicio. El letrado, respaldado por el resto de defensas, ha lamentado que el plazo de instrucción fue superior a seis meses, en contra de los que marcaba por entonces la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Estamos bastante disconformes con cómo se ha llevado el asunto por la acusación particular. Tardaron ocho meses en alegar la extorsión, con una ampliación de la denuncia y cuando perdieron por la vía civil el procedimiento de reclamación de la cantidad», ha sentenciado.