El juez rechaza suspender la pena a Juana Rivas, que tendrá que entrar en la cárcel

IDEAL ha tenido acceso a la resolución. En ella el magistrado se opone a dejar en 'stand by' la pena mientras se tramita el indulto total que ha solicitado la defensa de la granadina al Gobierno central. En su fallo, Piñar recuerda que la sentencia ya es firme, tras haber sido confirmada por el Tribunal Supremo (TS), que ratificó la condena por el secuestro parental, pero rebajó de cinco años a dos y medio el castigo inicialmente impuesto. El pleno de la Sala de lo Penal acordó reducirle la pena por entender que cometió un solo delito de sustracción de menores y no dos.

El juez dispone que se comunique su decisión al Registro Central de Penados y Rebeldes para que proceda a las anotaciones pertinentes sobre la condena de Juana. Al mismo tiempo, acuerda librar oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de que, tan pronto sea hallada, «y en el plazo no superior de 15 días, presenten en el juzgado de guardia o en este juzgado, en horas de audiencia, a la penada para notificarle el auto» que la mandará al penal.

Junto a ello, el juez requiere a la granadina para que abone la indemnización de 12.000 euros al padre de sus hijos por el daño producido al separarlos de él y de su vida en Italia. Esa cantidad fue finalmente fijada por la Audiencia Provincial de Granada y ratificada por el Supremo .

Y hay más. El magistrado insta a que se comunique al Registro Civil que Juana estará privada de ejercer la patria potestad sobre sus dos vástagos durante seis años, de modo que será Francesco Arcuri el único tutor legal de los críos durante ese período. Actualmente, los dos niños residen con él en Carloforte, al sur de Cerdeña (Italia), tras haber obtenido su guarda y custodia exclusiva en el procedimiento civil que se siguió en el Tribunal de Cagliari.

Ante ello, el abogado de Juana, que es Carlos Aránguez, mostró su «indignación» y anunció que recurrirá la resolución, primero en reforma (ante el propio juzgado) y después en apelación (ante la Audiencia Provincial de Granada). «Es una actuación sorpresiva ante una persona que ha solicitado el indulto al Gobierno y que, según el artículo cuatro, párrafo cuarto del Código Penal, tiene derecho a la suspensión de una pena que no alcanza los tres años siendo una delincuente primaria que tiene una buena red de apoyo familiar y laboral», expresó el letrado.

La ley, según indica el auto, establece que solo se puede suspender una ejecución de una pena si esta es menor o igual a dos años de prisión. Y la de Juana es de dos años y medio.