El juez cita a declarar a varios granadinos por la estafa en la venta de sus coches

El abogado, que ha presentado un procedimiento penal en el Juzgado de Santa Fe, señala que en estas semanas cinco de sus seis representados han recibido el dinero pendiente, por lo que pasan de ser parte en el procedimiento a testigos. De los dos nuevos casos de los que tiene constancia, uno ha recuperado su vehículo y el otro parte del dinero.

La supuesta estafa por parte del concesionario, ubicado en Cúllar Vega, afecta sobre todo a granadinos, que han denunciado tanto de forma conjunta en el juzgado como de manera individual. El montante total de dinero desembolsado asciende a miles de euros. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, según ha podido saber este periódico, el gerente de la empresa tiene antecedentes por incumplimiento de contrato. Muchos de los afectados se han agrupado en una plataforma para intercambiar novedades sobre el tema y regularmente reciben nuevas peticiones de afectados que quieren unirse. Cuentan que las cantidades que desembolsaron por persona son variadas: 6.000 euros, 10.500, 13.500, 16.000... Hay quienes han recibido una parte de dinero pactado; otros, nada.

Juan José Rubiño explica que son dos modus operandi diferentes. Por un lado, una vez que le entregan el vehículo el responsable alega que al revisarlo ha encontrado «graves defectos ocultos» que obligarán a bajar el precio. «Dice que el coche está roto -menciona problemas con los inyectores, por ejemplo- y no da la opción de devolverlo», manifiesta.

La otra explicación es que el coche se ha vendido, pero le ha surgido un problema económico, así que tiene que hacer un reconocimiento de deuda y pagar al vendedor «poco a poco». «Abona los dos primeros plazos y nada más», explica Juan José Rubiño, que habla de un «plan preconcebido».

Por la vía civil las opciones son más limitadas; pese a que les den la razón, quizá no pueden cobrar si el condenado se declara insolvente. De ahí la importancia, en este caso, de haber iniciado un procedimiento penal. La denuncia no solo va dirigida a las empresas -se investiga a Missenti y Edda-, sino también a la persona física, por lo que el abanico de posibilidades en términos penales es más amplio.