El juez apunta a la trama granadina por el pago de «comisiones» en el caso Koldo

Tras tomarle declaración, el juez Leopoldo Puente considera que Fernando Merino habría mantenido una antigua relación con Koldo García y que, gracias a ese contacto, habría resultado adjudicatario de dos obras públicas distinas. La primera la habría obtenido a través de su propia empresa, Acciona Construcción, mientras que la segunda habría sido en Unión Temporal de Empresas con otra compañía con la que estaría vinculado, la de sus cuñados granadinos, los hermanos de su mujer, OPR, que está domiciliada en Baza.

En primer lugar, el auto del Tribunal Supremo revela que, una vez aterrizado en el Ministerio de Transportes como asesor de Ábalos, Koldo García podría haber enviado a F. Merino información relacionada con la autorización de la licitación de unas obras en Logroño, en concreto, en el tramo Arrúbal-Navarrete de la Ronda Sur. Las mismas fueron después adjudicadas, precisamente, a la empresa en la que él estaba trabajando en ese momento, Acciona Construcción.

Esta condición se habría dado, siempre según el auto judicial, «a cambio del pago de un precio», además de otras obras distintas también descritas en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Con relación a las mismas, de hecho, «existen indicios bastantes de que pudieran haber traído consigo el pago de ciertas comisiones o premios económicos indebidos», revela el mismo documento.

Durante la declaración de ayer, el magistrado Leopoldo Puente instó a Fernando Merino a explicar «para qué» había puesto a los hermanos de su mujer en contacto con Koldo García –por aquel entonces, este aún estaba dentro del Ministerio–. «Simplemente para presentarlos», fue la primera respuesta. Tras la insistencia del juez, admitió que «la finalidad era facilitarles el acceso porque era asesor del Ministerio».

En este sentido, F. M. aclaró que sus familiares bastetanos habían pedido una cita para presentarse «de forma oficial» y apuntó que él solo les habría dado «un poco de ayuda para que esa cita saliera». «Yo le solicité a Koldo que investigara cómo estaba un expediente de una obra para ayudar a OPR. No lo hice con ningún interés. OPR estaba muy preocupado y yo hice la consulta», justificó.

No obstante, según las conclusiones de Puente, habría señales que justificarían la «intervención activa» de F. M. en defensa de los intereses de sus cuñados granadinos para conseguir la adjudicación de una obra, en esta ocasión en Úbeda, a Obras Públicas y Regadíos. Y, según él, esta empresa, «a cambio y al menos, habría satisfecho ciertos premios económicos a Koldo».

Estos hechos «podrían ser constitutivos como sendos delitos de integración en organización criminal y cohecho activo». No obstante, ninguna de las partes de la acusación habría solicitado la prisión provisional, que es la medida cautelar más grave. Algo «razonable» en opinión del magistrado, que no ve riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas o de volver a delinquir. Así, el investigado no podrá salir del territorio nacional y deberá comparecer ante el juzgado cada 15 días.