Los jueces de violencia de género proponen crear secciones específicas de delitos sexuales

Entre estos delitos se encuentran también los de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso cuando la persona ofendida sea mujer –no solo cuando entre agresor y víctima tengan algún tipo de vínculo, que era la carga que asumían hasta la fecha–. El ministro afirmó que las Secciones de Violencia sobre la Mujer asumirán todas las competencias en materia de «violencias machistas» para garantizar entornos más seguros y una mayor protección para las víctimas. Y los profesionales alertan de la sobrecarga que supondrá esa centralización.

A priori, la propuesta de reforzar las secciones de violencia de género fue bien recibida por este colectivo de jueces de forma positiva. Sin embargo, la medida suscita dudas sobre su viabilidad y las consecuencias que podría implicar para el sistema judicial en medio de la reorganización de todos los tribunales, entre ellos la eliminación de los juzgados, que trae bajo el brazo la ley de eficiencia judicial.

Los magistrados solicitan al Ministerio de Justicia que se plantee la creación de secciones específicas para la instrucción de los delitos sexuales. «Creemos que son necesarias secciones específicas de violencia sexual que sean capaces de conocer este tipo de delitos», señala a IDEAL Francisco Gutiérrez, magistrado de Violencia Sobre la Mujer y portavoz del colectivo de jueces.

«Los magistrados especializados en Violencia Sobre la Mujer ya tenemos carga de trabajo suficiente y los casos son sensibles, requieren tiempo y atención», destaca. «Tenemos una carga emocional y un riesgo psicosocial elevado. Para ser juez de esta materia hay que tener una especialización y una formación adecuada. Esperamos que el ministerio lo haya tenido en cuenta», añade.

Este miércoles los jueces tienen una reunión con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la también magistrada Carmen Martínez Perza, para empezar a trar el asunto. Además, han solicitado un encuentro con el secretario de Estado, Manuel Olmedo, con el fin de exponerles sus preocupaciones.

En Granada, los cambios que introduce la nueva ley son «inasumibles» para los juzgados. En abril del año pasado se trasladaron las competencias en Violencia de Género de la jurisdicción de Santa Fe a la capital y la decisión colapsa ya al personal. Los tribunales han aumentado en más de un 40% su carga de trabajo, pese a que ya superaban con creces el 'límite' orientativo de entrada de casos deseado que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el año 2023 se atendieron casi 2.000 asuntos en cada uno de los dos juzgados de violencia de género, mientras que en Santa Fe, entraron 647 expedientes. La provincia registró en el último año 332 delitos contra la libertad sexual. Los trabajadores temen no ser capaces de asumir todas estas nuevas competencias.