Los jueces de violencia de género piden auxilio por la falta de medios para asumir más delitos en octubre

El Gobierno ampliará con dos jueces más, uno para cada partido judicial, los juzgados de violencia sobre la mujer de Granada y Motril con el fin de aliviar la carga que supondrá para estos órganos la instrucción de todos los delitos sexuales. Pero será ya el 31 de diciembre. «El 8 de marzo de 2025, 108 magistrados y magistradas destinados en estos Juzgados emitimos un comunicado con objeto de trasladar a la ciudadanía las nefastas consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años, en los que, tras varias reformas legales, se les han ido otorgando nuevas competencias. Ante ese comunicado, se aseguró por el Ministro de Justicia que se iban a crear un 50 % más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar de recursos allá donde fuera necesario. Pero la realidad es muy distinta», lamentan.

«No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido - en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026. Refuerzos que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones, esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos», añaden los profesionales.

Los jueces advierten que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes judiciales para poder llevar a cabo esa labor en «unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas». Al igual que tampoco se han aumentado los servicios auxiliares que permitan llevar a cabo la labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica.

Los magistrados, tras la polémica generada por los fallos en las pulseras, temen una desprotección mayor para las víctimas. «Tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas», añaden los afectados.

«Esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando (mejor que llevando) nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente. Pero, esta vez, está todo advertido desde hace meses. Y lo dijimos. Lo anunciamos. Lo comunicamos. Pero de nada sirvió», remachan. Los profesionales han reclamado refuerzos y una moratoria para la normativa desde hace prácticamente un año.

Cuentan los profesionales de la capital granadina que anualmente entran casi 2.000 asuntos en cada uno de los juzgados, pese el umbral de 1.600 casos de referencia fijado por el Consejo General del Poder Judicial. Además, en este 2025 las diligencias urgentes, los casos que necesitan una respuesta inmediata, alcanzan los 165, un 43% más que en 2024. Una vez que comience la aplicación de la medida, la carga pondrá al límite a los órganos. La situación es insostenible, donde los juzgados llevan años sobrecargados. En abril de 2024, se trasladaron las competencias en violencia de género de la jurisdicción de Santa Fe a la capital. Los tribunales han aumentado desde entonces más de un 40% su carga, pese a que ya superaban con creces el 'límite' deseable de asuntos que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De hecho, en Granada la audiencia ya alertó de los problemas que afectaban a la protección de las víctimas de Violencia de Género al CGPJ y este a su vez al Gobierno, entre los conflictos expresados en varias ocasiones figuraban tanto como los fallos en las pulseras como el colapso de los órganos.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno manifiesta que los refuerzos en las dos secciones de la provincia entran en funcionamiento el 31 de diciembre. En Andalucía sólo las de Ayamonte y Huelva comienzan el 3 de octubre. Según el Ejecutivo, el objetivo es garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización. Así, se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género.