Jueces de violencia de género denuncian falta de medios para asumir los delitos sexuales a final de año

Los jueces de violencia sobre la mujer de Granada alertan del «embudo» y el «tsunami» que supondrá que la implantación de la norma y el refuerzo no vayan acompasados. Además, reclaman que esas nuevas plazas para jueces y fiscales vengan acompañadas de más funcionarios.

La implantación de la mayor reforma de la justicia en 40 años, la nueva ley de eficiencia judicial, en desarrollo con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, es lo que provoca que en octubre los especialistas en violencia de género instruyan también los delitos sexuales en los que la víctima sea mujer, que son la mayoría. Sin embargo, el cambio se hará antes de que en diciembre se pongan en marcha los nuevos tribunales de instancia.

«Empezamos el 3 de octubre a asumir los delitos sexuales y para entonces no hay nada previsto. Asumiremos los asuntos que lleguen de los nueve juzgados de Instrucción y los dos juzgados de Santa Fe», lamentan las titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer de Granada.

Los especialistas piden que el trasvase y el cambio de funciones se realice cuando se complete la puesta en funcionamiento de los tribunales de instancia para evitar así el colapso. En esta petición, que trasladarán a las administraciones competentes, cuentan con el apoyo de los jueces de Instrucción. Además, han iniciado una recogida de firmas.

Preocupa especialmente la situación de los tribunales de la capital, los dos órganos estaban colapsados. Hace un año, en abril de 2024, se trasladaron las competencias en violencia de género de la jurisdicción de Santa Fe a la capital. Los tribunales han aumentado desde entonces más de un 40% su carga, pese a que ya superaban con creces el 'límite' deseable de asuntos que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Anualmente entran casi 2.000 asuntos en cada uno de los juzgados, pese el umbral de 1.600 casos de referencia fijado. Además, en este 2025 las diligencias urgentes, los casos que necesitan una respuesta inmediata, son un 43% más que en 2024. Por lo que la suma de los delitos sexuales amenaza con perjudicar la calidad del servicio, tanto como para los trabajadores como para la víctima.