Jueces y fiscales de Granada se suman a la huelga en el inicio de la aplicación de los nuevos tribunales

El jueves pasado, el pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó por unanimidad que esta huelga no tiene sustento legal y no reconoció la convocatoria, reconocida e impulsada por asociaciaciones mayoritarias, como la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Por su parte, el Ministerio de Justicia recopilará a diario la cantidad de juicios y asuntos que han quedado suspendidos por la huelga- Este medio ha pedido tal información tanto al ministerio como a la Subdelegación del Gobierno y espera respuesta.

A juicio de los convocantes, los miembros de la carrera judicial y fiscal que vayan a ir a la huelga «no tienen deber» de informar a las instancias superiores. Pese a la posición del CGPJ, las asociaciones convocantes mantienen firmemente que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. Como derecho fundamental, no cabe interpretación restrictiva, de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión. Insisten además en n que no existe obligación legal de comunicar por adelantado la decisión de ejercer el derecho de huelga. La comunicación del ejercicio de este derecho es absolutamente voluntaria.

En concreto, los profesionales demandan cambios en la forma de acceso a las carreras y la que modifica el estatuto que regula la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. El pasado 11 de junio, los jueces y fiscales de Granada participaron también en un parón de diez minutos a nivel nacional en señal de protesta por estas modificaciones normativas en marcha.