Jueces y fiscales de Granada, en contra de la nueva ley de acceso a la carrera

Sin embargo, casi la totalidad de las asociaciones profesionales –a excepción de dos– se oponen a ella y aseguran que atenta contra la independencia judicial. De igual forma, reclaman la retirada y rectificación del proyecto. Las asociaciaciones mayoritarias (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) han convocado un paro de diez minutos el próximo 11 de junio.

En la provincia, aún se desconoce el seguimiento que tendrá la iniciativa. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, son muchos los profesionales que se sienten contrariados con los cambios y apoyan la propuesta.

De acuerdo con el Ejecutivo, la reforma busca endurecer el nivel de exigencia en los exámenes de oposición, para lo que se añade una prueba escrita de fundamentación jurídica, en sustitución de uno de los dos exámenes orales que desarrollan los candidatos en el Tribunal Supremo. Entre los cambios, el Gobierno concederá «por ley» becas de un importe igual al salario mínimo interprofesional (SMI) a los opositores, mientras que el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un espacio de preparación. Además, se ampliará la cantidad de plazas ofertadas, se crea un sistema por el que por cada tres plazas que salgan en turno libre (como se conoce al proceso de oposición normal), habrá una plaza para el cuarto turno, la fórmula por el que acceden a la carrera los juristas con experiencia en el sector y se añade esta posibilidad para la carrera fiscal.

Además, se contempla un ascenso automático al cumplir cinco años de antigüedad en el desarrollo de la carrera judicial. Por otra parte, la norma establece un proceso de oposición como el del cuarto turno para conseguir una plaza fija y regularizar la situación de los jueces y fiscales sustitutos en España.

Para las asociaciones, la cara 'B' del proyecto es que recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, incrementando los riesgos de su politización. Aducen que no apuesta por una autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos. Los cambios en los exámenes «suponen una vuelta atrás 30 años y un incremento en la subjetividad de la evaluación» y la creación de un centro de formación supone «riesgo de control ideológico». Adicionalmente, la nueva regulación del cuarto turno posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica «grave y caprichosamente a quienes» superan la oposición por el turno libre. En caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado, las cinco asociaciones se comprometen a impugnar judicialmente el proceso.

El magistrado Alberto del Águila, titular del Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Granada y decano de los jueces, es uno de los profesionales que considera que la propuesta en trámite lesiona la igualdad de acceso a la carrera y la independencia judicial. «Los profesionales están preocupados por lo que supone el esta modificación, pero también a la espera de si los interlocutores principales consiguen algo con el ministerio. Bajo mi punto de vista, perpetua los ataques del poder polítco al judicial, la estructura del Ministerio Fiscal es inviable, mientras que un centro de formación debe desvincularse del poder político. Claro que son necesarios más jueces y fiscales. Llevamos años reclamando la convocatoria de más plazas y se convocan las mismas. Con estas modificaciones se consolida a los jueces sustitutos pero no se premia a los que opositan al turno libre», señala.

Por último, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha respaldado la reforma y apunta que contiene avances de calado y critica la oposición frontal del resto de entidades.