Los jueces empiezan a recibir solicitudes para paralizar desahucios de personas vulnerables

Los jueces competentes en la materia ya están comenzando a recibir solicitudes. Las están formulando ciudadanos que alegan una penuria económica sobrevenida por la pandemia y ruegan la paralización de sus procesos de desahucio «hasta el plazo máximo de finalización del estado de alarma».

Así lo ha confirmado a IDEAL una de las magistradas que resuelven estos pleitos en la capital, María José Rivas, que es la titular del Juzgado de Primera Instancia número 14. En su caso, el 9 de febrero ya tenía sobre su mesa una solicitud formal (un incidente) para parar un expediente. Lo decidirá en un auto. Aparte, tiene otro asunto en tramitación para resolver a finales de este mes. En el semestre anterior, en 2020, su juzgado llevó a cabo solamente ocho lanzamientos, y de ellos cinco fueron desahucios de casas por impago de rentas. «Ahora mismo se están solicitando», señala la magistrada, al tiempo que precisa que con la petición «se tiene que acreditar la declaración de vulnerabilidad». Tras este primer paso, lo siguiente es darle trámite.

Rivas resalta la importancia de diferenciar entre los lanzamientos en arrendamientos (para expulsar a personas que tienen alquilada una vivienda y han dejado de pagar la mensualidad) y los lanzamientos en los que culminan los procesos de ejecución hipotecaria. Los segundos son los que ejercen los bancos para quitar las casas a quienes dejan de pagar los préstamos hipotecarios. Es importante diferenciar unos y otros, «porque al lanzamiento de ejecución hipotecaria no le afecta el nuevo Real Decreto», aclara la magistrada, al tiempo que recuerda que con la ley de 2012 sus señorías ya tenían «prevista la posibilidad de suspender para las personas que se encontraban en situación especial de vulnerabilidad».

En el primer caso recibido por esta jueza tras la entrada en vigor de la nueva norma le han alegado la vulnerabilidad «tanto el arrendatario como el arrendador», por lo que tendrá que afinar especialmente su balanza judicial.

«Los casos han empezado a entrar hace relativamente poco y, ahora mismo, lo que estamos mirando es si suspender solo los lanzamientos o todo el proceso antes de dictar la sentencia», explica la jueza, que advierte que hay que analizar cada asunto concreto. En este punto, admite que no es tan fácil determinar si una persona está en situación de vulnerabilidad. «Es tan ambigua la norma, que la interpretación es bastante complicada. Aunque yo creo que en el momento práctico será más fácil», comenta la jurista. Dependerá de determinadas circunstancias, que en resumen son «haber perdido el trabajo y que la renta arrendaticia sea igual o superior al 35% de sus ingresos netos». Aparte, como especifica, «se requiere informe de los Servicios Sociales».

Por su parte, desde el Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) destacan que en la provincia se ha producido una tendencia muy similar a la que se ha dado en todo el país en materia de desahucios debido a la pandemia. La entidad colegial habla de «un descenso muy notable de asuntos en el segundo trimestre de 2020 y un repunte a partir del tercer trimestre del pasado año».

Para el ICAGR, la causa de este comportamiento no es otra que la declaración del primer estado de alarma, que paralizó la actividad judicial durante la primera mitad del año. Sin embargo, como señalan, a medida que los juzgados y tribunales han ido retomado su funcionamiento «el número de desahucios vuelve a elevarse».

Por ejemplo, mientras que de abril a junio del año pasado solo se recibieron en el colegio granadino 11 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG) relacionadas con los desahucios, en el tercer trimestre, la cifra se multiplicó por cuatro: se elevó a 44 y ya en los últimos tres meses del año se alcanzaron las 200 solicitudes.

Durante el primer trimestre del año pasado, cuando la pandemia aún estaba en sus albores, el número fue de 78. La caída en picado se produjo cuando la Justicia se paró y sólo siguió funcionando para los asuntos urgentes.

«Desde la abogacía granadina prevemos una línea ascendente motivada por la fuerte crisis económica y, a pesar la nueva normativa que paraliza los procesos de desahucios en determinadas situaciones de vulnerabilidad, intuimos un crecimiento con respecto a años anteriores», señalan desde el ICAGR. De hecho, ya en el cuarto trimestre de 2020 se superó la cifra de solicitudes de AJG del mismo periodo de 2019, cuando se contabilizaron 127 solicitudes. Este año, hasta el día 9 de febrero, el número era de 27.

Por eso, desde el Colegio de Abogados instan a las administraciones públicas «a que doten al sistema de justicia de los recursos humanos y técnicos para poder hacer frente a esta previsible avalancha, no solo de desahucios y ejecuciones hipotecarias, sino también de concursos de acreedores, procesos de segunda oportunidad, etcétera, con celeridad y con garantías de seguridad para todos los operadores jurídicos».

El Colegio de Procuradores de Granada, por su parte, confirma que este decreto de enero «está afectando de manera importante a la paralización de bastantes» casos, y teme un «colapso» si se sigue ese ritmo de suspensiones.