La interventora de Láchar convoca un pleno para llevar a la alcaldesa a Fiscalía
La funcionaria emite un informe en el que alerta de que la regidora podría haber cometido prevaricación administrativa, entre otros delitos
La interventora de Láchar ha convocado un pleno extraordinario –e insólito– hoy en el Ayuntamiento para que sean los concejales quienes decidan con su voto ... si llevar a la Fiscalía Provincial de Granada una posible comisión de delitos por parte de la alcaldesa, Elisabeth Barnés (IU). La secretaria deja claro en el informe emitido que aquellos miembros de la corporación que se abstengan o voten en contra «podrían incurrir en responsabilidad», ya que «deben velar por la integridad del patrimonio y las arcas municipales», «no siendo causa de abstención pertenecer a un mismo Grupo Político». La primer edil no podrá participar en la votación al estar directamente afectada.
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Según aparece reflejado en el documento –al que ha tenido acceso IDEAL–, la secretaria-interventora alerta de que la regidora habría cometido presuntamente falsedad de documento oficial, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y tráfico de influencias.
Estos hechos surgen a partir de una denuncia contra el Ayuntamiento de Láchar en 2019 por despido improcedente por parte de un trabajador municipal que ocupaba una plaza temporal de mantenimiento. La sentencia obligaba a readmitir a este empleado. El letrado del consistorio pidió la nulidad del procedimiento ya que, aparentemente, no se había citado al Ayuntamiento.
No obstante, la alcaldesa «sin comunicárselo al letrado externo ni ponerlo en conocimiento de ningún funcionario del Ayuntamiento ni, menos aún, consultarlo previamente con la secretaria-interventora del mismo», solicitó al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Granada la «designación de un abogado concreto adscrito al mismo» y autorizó a este nuevo letrado a «personarse en el procedimiento judicial para representar los intereses del Ayuntamiento». Este abogado acudió el pasado 18 de marzo al Juzgado de lo Social en representación del consistorio «desistiendo la solicitud de nulidad».
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Perjuicios económicos
Al desestimar la nulidad del procedimiento, el Juzgado hizo firme la sentencia por la que se condena al Ayuntamiento a la readmisión de este empleado en igualdad de condiciones, así como al pago de los salarios del tiempo transcurrido y a una cantidad de 7.501 euros en concepto de indemnización por daños morales, un hecho que, como aparece detallado en el informe, «afecta gravemente a los caudales públicos de dicha Entidad Local» y ocasiona un «grave perjuicio organizativo por la readmisión del trabajador en la plaza de Oficial de Mantenimiento cuando la misma ya fue cubierta de manera reglamentaria tras un procedimiento selectivo».
En paralelo y según el documento, el Juzgado número dos de Santa Fe investiga la manipulación de pruebas de este trabajador en el proceso selectivo para acceder al puesto.
La secretaria determina, además, que «el Ayuntamiento tuvo conocimiento, de manera informal, de la sentencia» referente al trabajador.
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