Un inmigrante trabajó 17 años en un invernadero de la Costa por 200 euros cada dos o tres meses

Uno de los jornaleros, el único que tenía el alta en la Seguridad Social, había estado 17 años trabajando en esas míseras condiciones. Se hizo mayor y perdió la esperanza de encontrar un empleo digno de tal nombre, así que se resignó a continuar en el mismo tajo, en la precariedad más absoluta. Era un esclavo de los tomates cherry. «Pese a estar dado de alta en la Seguridad Social desde el 1 de octubre de 2019, llevaba trabajando en la empresa 17 años en jornadas de, aproximadamente, seis horas desde las ocho de la mañana, cobrando tan solo unos 200 o 300 euros que el acusado abonaba de forma arbitraria cada dos o tres meses. La víctima se mantuvo en esta situación al necesitar dinero y temer no poder encontrar otro trabajo debido a su avanzada edad», describe la fiscalía, que reclama para el patrón una pena de tres años de cárcel y diez meses de multa por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. El ministerio público también pide que sea inhabilitado para dedicarse a la agricultura «durante el tiempo de condena» y que indemnice a los perjudicados con las cantidades que deberían haber percibido de acuerdo con la ley. Al más veterano le corresponderían 20.000 euros, según los cálculos de la fiscalía provincial.

Fue la Inspección de Trabajo la que destapó el caso en enero de 2022. Se da la circunstancia de los responsables de ejecutar la misión de control de los invernaderos en cuestión, identificaron también a dos mujeres que tampoco estaban dadas de alta en la Seguridad Social y que solo llevaban unos pocos días empleadas. El encausado regularizó la situación de ambas y les pagó en condiciones tras la visita de los inspectores.

El resto eran varones de nacionalidad marroquí y que carecían de permiso de residencia. La fiscalía recalca que el presunto explotador se aprovechó de ello para disponer de mano de mano de obra barata. «Todos los trabajadores que se encontraban en situación irregular en España, aceptaron las ilegales condiciones laborales debido a su precaria situación personal y económica y a su situación ilegal en territorio nacional».