Granada, tercera provincia con más solicitudes del ingreso mínimo vital

El balance de este primer año del ingreso mínimo vital está marcado por el atasco de los primeros meses, que los sindicatos atribuyeron a la falta de personal y la complejidad de la ayuda, que requería certificados de ayuntamientos, SEPE, INE, Extranjería o la Agencia Tributaria. Los posibles beneficiarios se vieron inmersos en trámites que, en muchos casos, no podían resolver al no disponer de medios informáticos. Y sumaron, a la incertidumbre ante un procedimiento desconocido, la desazón por la falta de ayuda para el proceso –encontrar una cita en la Seguridad Social era difícil, por lo que tuvieron que acudir a los servicios sociales municipales– y la falta de respuestas. Pasaban semanas, en algunos casos, hasta que la administración contestaba al requerimiento.

Casi un año después, el procedimiento ha madurado: hay más recursos y se ha incrementado la velocidad de resolución de cada caso. Pero han surgido otros contratiempos que afectan a los trabajadores de servicios sociales de los consistorios.

El ingreso mínimo vital (IMV) estaba llamado a combatir desigualdad y pobreza. Llegó en un momento en el que las crisis económica y social derivadas de la sanitaria estaban en su punto más crudo, en plena desescalada tras semanas de confinamiento que frenaron en seco la economía, en especial en el sector servicios. El IMV garantiza la entrada de dinero a hogares cuyos ingresos no superan los umbrales establecidos para cada categoría de unidad familiar. Por ejemplo, la prestación para un joven sin propiedades superiores a los 16.917,60 euros ni ingresos por encima de los 459,93 euros mensuales en el año anterior es de es de 469,93 cada mes. Para miles de familias de la provincia –hasta 70.000 granadinos, según cálculos de los sindicatos en el verano pasado– esta ayuda es un salvavidas.

Según los datos facilitados por la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se han incorporado 25 funcionarios y se han creado tres secciones específicas dedicadas al trámite y control de la prestación. Esto, junto a los planes de intensificación, ha permitido que la totalidad de las solicitudes –las 39.500 recibidas hasta finales de abril– estén en trámite.

Las mismas fuentes aseguran que «la mayoría de los expedientes se resolverán dentro del plazo de resolución previsto en la normativa, seis meses, garantizándose en cualquier caso la resolución expresa de la totalidad de las solicitudes recibidas». En las próximas semanas, los plazos se acortarán «sustancialmente», puesto que el ritmo de entrada de solicitudes es ahora de un millar al mes. Nada que ver con el aluvión de las primeras semanas, cuando en la provincia se registraron 11.000 formularios de petición.

Hasta el día 1 de enero se resolvieron el 85% de las solicitudes y el objetivo que se marca la administración es el de alcanzar la totalidad antes de que acabe mayo. Ahora, enGranada hay 25.000 beneficiarios del IMV (14.000 adultos y 11.000 menores). En abril la nómina ascendió a 7,77 millones de euros. Cada hogar percibe una media de 472,32 euros al mes. Hay un número que ejemplifica el salto en la gestión de los expedientes: entre junio y diciembre de 2020, el desembolso por parte de la Seguridad Social fue de 20 millones de euros, mientras que la media entre enero y marzo de este año ha sido de 4,5 millones al mes. En Granada hay tantos beneficiarios como en la comunidad de Extremadura,Castilla La Mancha o País Vasco.

Las peticiones registradas antes de 2021 tendrán efectos económicos desde el 1 de junio del pasado año. Solo en diciembre entraron en los registros de la Seguridad Social unas dos mil instancias, que están aún en plazo de resolución.

De aquellos expedientes abiertos en el anterior ejercicio, los que más demora acumulan son aquellos en los que ha sido necesario solicitar documentación para subsanar errores, o bien certificaciones a servicios sociales para poder acreditar algunos requisitos que se han «flexibilizado en las sucesivas modificaciones del real decreto ley original y que consecuentemente alargan los plazos de trámite».

Dos de cada tres solicitudes válidas son denegadas: el solicitante incumple el criterio de vulnerabilidad –supera los umbrales de renta o patrimonio– o no está acreditada la unidad de convivencia.

Por este segundo motivo ha sido necesario que la administración estatal acuda a los trabajadores de servicios sociales. Se trata de una tarea más, añadida a las que ya soportan ayuntamientos como el de la capital, que en la actualidad dan cita con mes y medio y hasta dos meses de demora, según varios trabajadores consultados por IDEAL. «No es un tiempo razonable de respuesta», consideran, si se tiene en cuenta que está en juego en muchos casos el sustento económico de familias enteras.

Fue hace tres meses cuando los empleados conocieron que tendrían que empezar a emitir un certificado que, señalan, ni siquiera tienen competencias para gestionar, «porque no tenemos acceso a los datos que reclaman». Además, añaden las mismas fuentes, solo los secretarios –no los funcionarios– pueden expedir certificados.

Las mismas fuentes critican que haya recaído sobre los trabajadores municipales parte de un trámite que iba a depender solo del nivel de renta. Tienen que preparar un informe que certifica que el solicitante está en situación de exclusión social, lo que genera discriminación con personas que por renta serían beneficiarios del IMV pero no son atendidos en servicios sociales. Con respecto a los emitidos para esclarecer la situación de la unidad de convivencia, los empleados señalan que en muchos casos los beneficiarios viven en viviendas o habitaciones prestadas, que no constan en ningún registro. Son flecos «que no resuelven otras administraciones y recaen finalmente sobre el Ayuntamiento».

Los trabajadores reconocen que se ha agilizado la tramitación. Pero a renglón seguido añaden: hay barrios enteros de Granada a la espera de la ayuda y solicitantes que la pidieron en junio de 2021 y no la reciben aún. Hay otra casuística:aquellos que cuando empiezan a cobrar el IMV tienen que devolver la prestación porque cobraron ayudas de otras administraciones.