Granada, obligada a pedir una prórroga para no perder las ayudas para la zona de bajas emisiones

En Granada, la zona de bajas emisiones ni está ni se la espera a corto plazo a pesar de que recibió importantes aportaciones europeas para su aplicación. Prácticamente ninguna de las medidas se encuentra ejecutada y algunas de ellas carecían de pliegos hasta hace poco.

La situación es tal que el nuevo equipo de gobierno encabezado por la popular Marifrán Carazo considera que existe el «riesgo» de perder parte de los fondos recibidos por incumplimientos en los plazos de ejecución. Es lo que aseguró este martes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, que reconoció que «es imposible» que Movilidad y Contratación, las dos áreas implicadas en la tramitación de los expedientes requeridos, puedan tenerlo todo a punto en el tiempo marcado por Europa.

El dirigente se refirió a esta cuestión después de una junta de gobierno local a la que se llevaron los pliegos del contrato para la implantación de sensores de presencia en plazas de aparcamiento ubicadas en la zona de bajas emisiones. La aprobación de la documentación implica también la apertura del proceso para la adjudicación de un servicio que conllevará la balización tanto de las zonas de carga y descarga como de los aparcamientos habilitados para personas con movilidad reducida.

El proyecto, que cuenta con una financiación superior al medio millón de euros, se encuentra lejos de estar resuelto. Como explicó Saavedra, la aprobación de los pliegos por la junta de gobierno local responde a un intento del gobierno municipal por «agilizar» la implantación y, al mismo tiempo, reforzar las posibilidades de recibir luz verde a una petición de prórroga para la ejecución que es ya «obligada».

«No es la primera vez que digo que la gestión del gobierno anterior ha puesto en riesgo fondos europeos. En esta subvención para instalar sensores, que es de casi 500.000 euros, nos hemos dado cuenta de que no se había dado un paso y quiero poner el acento en que el plazo para justificar la ejecución termina el 31 de diciembre de este año. Es imposible que Contratación y Movilidad lo gestione y ejecute antes de esa fecha. Así que, con la tramitación del expediente en la junta de gobierno local, creemos que podremos conseguir un plazo añadido, una prórroga que nos permita no perder los fondos», apuntó Saavedra.

Con esta son ya dos ocasiones en las que el nuevo gobierno municipal tira de las orejas al equipo anterior en lo relacionado con la gestión de la zona de bajas emisiones. Hace algo más de un mes, la responsable de Movilidad, Ana Agudo, reprochó que algunas medidas estuvieran en tramitación sin que constara un diagnóstico previo que permitiese la aplicación de las mismas con una «buena» planificación.

La edil reconocía que la mala calidad del aire era un problema «innegable» causado principalmente por el tráfico urbano, pero insistía en que antes de que se pueda hacer una implantación había que hacer «un análisis del objetivo que queremos conseguir». El estudio debía encargarse, redactarse y presentarse, pasos que aún no se han dado. Mientras, el tiempo corre contra las obligaciones contraídas por Granada, que comprometió, entre subvenciones europeas y fondos propios, alrededor de 15 millones de euros, según se informó en enero pasado.