Granada cierra el año dentro del límite de pago a proveedores por primera vez en una década

La cifra permite a la ciudad encadenar seis meses por debajo del máximo marcado por la ley, que establece que las entidades locales no pueden tardar más de 30 días de media en pagar los servicios que recibe. Sin embargo, por encima de ese hito, que ya es relevante de por sí, el resultado marca también el punto más bajo de toda la serie histórica, que arrancó en enero de 2015, con Granada ya sumergida en la gravísima crisis financiera de la que aún no ha salido, en 59 jornadas de media.

El pago a medio a proveedores empezó a ser tenido en cuenta tras la crisis de 2008, cuando el endeudamiento de las administraciones públicas se disparó al explotar la burbuja del ladrillo. Entonces, las autoridades empezaron a tomar medidas para proteger a los proveedores y evitar un descalabro aún mayor del sistema. Entre otros aspectos, se valoró la necesidad de hacer un seguimiento del indicador y se propiciaron planes especiales de pago para reducir al mínimo el tiempo de media en abonar las facturas. Granada, como otras urbes del país, se acogió a este tipo de iniciativas, cuya aplicación incluyó la puesta en marcha de planes de ajuste que implicaban restricciones en materia de contratación, con obligación de reducir el importe de las nuevas adjudicaciones, o de personal, impidiendo a la administración cubrir las bajas por jubilación.

En los tres últimos mandatos, tanto con el PSOE como con el PP y Ciudadanos al frente, la corporación dio pasos para tratar de reducir el indicador, acogiéndose a diferentes planes espaciales y promoviendo presupuestos con ingresos y gastos ajustados. A pesar de todo, ninguno de estos gobiernos consiguieron eludir las advertencias de Intervención, que durante años reclamó más esfuerzos para ajustarse a las obligaciones contraídas. En 2023, justo antes de las elecciones, Granada se acogió a un nuevo plan de pago para afrontar las facturas, que fue aprobado por la mayoría del pleno. La capital recibió financiación para limpiar deudas a cambio, entre otras cuestiones, de supeditar al Ministerio de Hacienda los presupuestos.

Con la popular Marifrán Carazo ya en la alcaldía, el nuevo equipo de gobierno colocó la situación financiera en el centro de acción. Desde el área económica encabezada por Rosario Pallarés se plantearon diferentes acciones de mejora de la gestión que, tras su ejecución, han logrado introducir en las arcas fondos procedentes de expedientes con errores o que estaban bloqueados por distintas circunstancias. En este último periodo, el Gobierno municipal también ha logrado aprobar dos presupuestos con superávits en apenas año y medio y ha visto como el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que sucedía en otras urbes, inyectaba más fondos a Granada procedente de la participación en los ingresos del Estado. Todos estos pasos han sido determinantes para llegar a la situación actual.

Este viernes, el portavoz municipal, Jorge Saavedra, se congratuló de los resultados, que reflejan «el mejor dato en cuanto a número de días respecto a lo que tardamos de media en pagar a los proveedores». El dirigente celebró una cifra que permite a Granada «encadenar seis meses consecutivos cumpliendo la norma y la sitúa en un punto que nunca antes había conseguido».

El portavoz recordó que, junto al remanente de tesorería -la cantidad que quedaría en las arcas si el Ayuntamiento cobrase todo lo que tiene pendiente y abonase todo lo que adeuda-, el periodo medio de pago a proveedores «es uno de los grandes indicadores que condicionan la economía» y sacó pecho de unos datos que considera que no son «una casualidad».

«Recuerdo que en el 2022 el remanente empeoró y en el 2023 mejoró y, en cuanto al plan de pago a proveedores, hemos conseguido ahora que sea absolutamente positivo», justificó el responsable, que apuntó también a la influencia de los presupuestos aprobados en lo que va de mandato para poner en la ciudad en el camino adecuado. «Es la primera vez en décadas que este Ayuntamiento inicia el periodo siguiente, en este caso 2025, sin tener una factura en el cajón y es absolutamente relevante porque nos permite arrancar por primera vez sin adedudar nada al transporte ni a la limpieza, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar», sentenció.