Granada anuncia acciones judiciales por la elección de la agencia de IA

Aún está por definir el itinerario jurídico que seguirán. Está previsto que los servicios jurídicos del Ayuntamiento -que fue la institución que presentó la solicitud- convoquen la semana que viene a los gabinetes del resto de administraciones y la UGR. Entre todos ellos consensuarán la mejor vía para revertir el proceso que concluyó con la designación de La Coruña como sede de la entidad.

El alcalde, Paco Cuenca, ha explicado que el Ayuntamiento ha reclamado por vía oficial las puntuaciones otorgadas a cada ciudad candidata. Ante la falta de respuestas del Gobierno, las instituciones se han visto ligadas a iniciar el camino hacia la impugnación legal. «Sintámonos orgullosos y cargados de razones para tomar esta decisión y ser contundentes», ha dicho.

El regidor ha leído un comunicado firmado por todos los libros de la mesa (alcalde, delegado del Gobierno, presidente de la Diputación, rectora de la UGR, presidente de Cámara de Comercio y secretarios generales de CC OO y UGT), a la que estaba invitada la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, que se ha ausentado «por motivos de agenda». En el texto, Cuenca ha precisado que se pidió por escrito al Gobierno la baremación y no se ha obtenido respuesta. «Consideremos que es injusto para Granada y hemos acordado de forma unánime tomar acciones judiciales contra la decisión». Las determinará un grupo de trabajo juridico «por responsabilidad, convicción y en defensa de los intereses de Granada». El alcalde ha vuelto a insistir en que Granada tiene razones para sentirse «indignada»

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, ha vuelto a recordar que es habitual en la Universidad pedir las calificaciones para revisar procesos selectivos: «Cuando pedimos proyectos y no nos los conceden nos dicen por qué no, eso eso habitual». «Esto ha sido un revés porque no conocemos las calificaciones. Me han llegado comentarios de numerosos lugares donde siguen afirmando que somos la mejor candidatura».

El delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha señalado que la decisión del Gobierno ha sido «arbitraria». «Desde la Junta creemos que hay que defender los territorios, y por eso se ha planteado iniciar esa tramitación a través de los diversos gabinetes el escrito judicial por el que pediremos la valoración». Ha hecho referencia a la estrategia andaluza de IA, que sigue en marcha y tendrá a Granada como eje, con un gran congreso en marzo.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Entrena, que ha dicho no compartir el calificativo empleado por Granados, ha dicho que «no queda más remedio» que acudir a la vía judicial para reclamar transparencia. No obstante, ha añadido, con la adjudicación a La Coruña «no se hunde el mundo». Es un mensaje repetido por todos los portavoces: la agencia era solo un punto más en la amplia hoja de ruta para el desarrollo de Granada trazada en el Pacto de los Mártires.

El director gerente de Cámara Granada, Joaquín Rubio -en la reunión estuvo presente Gerardo Cuerva, pero tuvo que ausentarse en los últimos minutos- ha señalado que «ante el silencio del Gobierno, Granada no puede estar callada». «Esto nos ha ayudado a saber dónde estamos, a dónde podemos llegar, lo importante que es Granada. Es algo que tenemos que tener en cuenta los granadinos y sentirnos orgullosos. Hemos puesto una base de futuro para nuestra provincia».

Por parte de los sindicatos, el secretario general de CC OO en Granada ha dicho que el «sentimiento de indignación es común entre quienes conformamos el pacto. Esto nos lleva de forma obligada a emprender acciones judiciales. Se ha hecho un trabajo durante mucho tiempo. Esto no es el fin de ninguna etapa y este trabajo está siendo aprovechado y vamos a seguir creciendo por la ciencia y generando empleo de calidad». Juan Francisco Martín, de UGT, ha afirmado que seguirán «luchando en la línea, con estas ideas y agradeciendo el trabajo de la UGR».

El alcalde, Paco Cuenca, ha explicado que el Ayuntamiento ha reclamado por vía oficial las puntuaciones otorgadas a cada ciudad candidata. Ante la falta de respuestas del Gobierno, las instituciones se han visto obligadas a iniciar el camino hacia la impugnación legal.