Granada, ante una impugnación sin precedentes por la agencia de inteligencia artificial
Es la primera vez que el Gobierno activa un proceso público para determinar la sede de una entidad. Sin embargo, son comunes las reclamaciones ante decisiones del Consejo de Ministros. Estos son los últimos casos
Granada acaba de iniciar el camino hacia la impugnación de un decreto del Consejo de Ministros, el que otorgó a La Coruña la sede de ... la agencia estatal de supervisión de la inteligencia artificial. El primer paso lo dieron el viernes pasado las instituciones, al confirmar que recurrirán la decisión ante la falta de datos objetivos que la justifiquen. De ahí en adelante el procedimiento es una incógnita. Los gabinetes jurídicos de las instituciones trabajan ya para despejar las dudas y se reunirán con el objetivo de fijar una ruta a seguir en las próximas semanas, aclarar si es necesario solicitar medidas cautelares y abordar la reclamación administrativa. Se trata de una impugnación sin precedentes -es la primera vez que el Gobierno articula un proceso público para decidir la ubicación de una entidad- y el único ejemplo a seguir es un procedimiento que también acaba de empezar.
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Es el recurso de Teruel contra la elección de la agencia espacial. El Gobierno de Aragón reclamó ante el Supremo, el pasado 30 de noviembre, por las bases del concurso para la adjudicación. Lo hizo incluso antes del dictamen del pasado 5 de diciembre, ante la sospecha de que las condiciones fijadas por los técnicos -3.000 metros, AVE y a menos de una hora de un aeropuerto internacional, entre otras- hacían imposible que localidades aspirantes como Teruel resultaran seleccionadas. Tras conocer la decisión de otorgar la entidad a Sevilla, Aragón amplió el recurso el pasado día 14. Consideran que hay infracciones a los principios de vertebración, equilibrio territorial, adecuación al sector de actividad, objetividad y transparencia. Y, como Granada, critican que no haya puntuaciones concretas a cada uno de los criterios evaluados.
En la sala tercera
La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo se tendrá que pronunciar sobre la impugnación de Teruel y, salvo que los servicios jurídicos opten por otra vía, también sobre el caso granadino. Es esta sala, la tercera, es la encargada en única instancia de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros. Aunque salvo los casos de Teruel y Granada no hay precedentes sobre reclamaciones por la asignación de entidades públicas estatales, sí hay decenas de contenciosos por decisiones del Consejo en los últimos años.
Uno de los que están por resolver involucra al Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. El pasado 12 de diciembre, el pleno decidió imponer una demanda contra una resolución del Consejo de Ministros, que había rechazado la petición de un referéndum en el municipio para consultar si los vecinos querían convertir la localidad en autonomía propia.
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En una sentencia sobre la unificación de sedes de la Guardia Civil, el Tribunal reconoció que el Consejo de Ministros no había motivado la decisión con datos
El pasado 19 de abril, el Tribunal Supremo anuló un acuerdo del Consejo de Ministros, que acordó la unificación de las Comandancias de la Guardia Civil de Asturias. El Tribunal argumentó que hacer referencia a «transformaciones territoriales y demográficas experimentadas en Asturias en los últimos años» sin explicarlas en concreto y detallar cómo inciden en el trabajo de la Guardia Civil no satisface el grado mínimo de motivación exigible a un acto administrativo. La resolución llegó ocho meses después del recurso. Granada esgrimirá que no está justificada con puntuaciones la decisión de otorgar la agencia a La Coruña.
También hay un precedente cercano de petición de medidas cautelares, que fueron denegadas. El Ayuntamiento de San Roque las pidió el pasado 16 de junio contra un acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026. En este caso, el Tribunal Supremo no tardó ni un mes en responder. Este plazo es el que maneja Granada, aproximadamente, en caso de solicitar medidas cautelares.
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