Granada afronta con incertidumbre la mayor reforma de la justicia de los últimos 40 años

La ley introduce importantes reformas en la planta y demarcación de los tribunales. Lo más relevante es que los juzgados, tal y como los conocíamos, desaparecen. Se sustituyen por tribunales colegiados en cada partido judicial, denominados Tribunales de Instancia. Es decir se suprimen los juzgados cerrados con funcionarios 'estanco' y se cuenta con cuerpos comunes. Se disuelven las fronteras entre juzgados e integran secciones de la misma especialidad, que agruparán a todos los jueces y magistrados de esa materia y que tendrá un grupo de funcionarios asignado por una unidad de tramitación.

Por ejemplo, los 16 juzgados de competencia exclusiva en Civil en Granada capital pasarán a integrar la misma sección, mientras que los tres juzgados de familia y de incapacidades integrarán la sección de Familia, Infancia y Capacidad. Lo mismo sucederá con los nueve juzgado de Instrucción, los seis Penales, los dos Mercantiles, los cinco Contenciosos-Administrativos y los ocho Sociales, que cada especialidad integrará respectivamente una sección.

Los funcionarios compartirán espacios comunes. El asunto no entra ya en un determinado juzgado. Entra a una sección y de ahí se reparte. Eso sí, la división de los casos se hará a través del sistema informático y cada sección debe ir acompañada de oficinas judiciales adscritas al tribunal de instancia, lo cual se supone que permitirá equilibrar la carga de trabajo y unificar los criterios procesales. La planta judicial granadina está dividida en nueve partidos judiciales: Almuñécar, Baza, Granada, Guadix, Huéscar, Loja, Motril, Órgiva y Sante Fe. En la capital, la metamorfosis de los juzgados finalizará en diciembre de este año, al igual que en Motril. En el resto de partidos, el cambio estará listo para julio.

Los juzgados de Paz se convertirán en 'oficinas de justicia' manteniendo no solo sus actuales servicios, sino que se ampliará su catálogo de gestiones y, además de asumir, como hasta ahora la práctica de los actos de comunicación procesal con los residentes en el municipio, prestarán, entre otros, servicios de colaboración con el Registro Civil y con las unidades de mediación y solución de controversias. Todo esto evitará que los residentes de zonas rurales y municipios tengan que desplazarse al tribunal de instancia.

Sobre papel, la ley funciona. Sin embargo, plantea multitud de cuestiones a los profesionales, sindicatos y a la propia Junta de Andalucía, encargada de su implantación en la provincia. Aunque su aplicación está abierta a una prórroga, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía señala que cumplirá los plazos marcados por el Ministerio de Justicia.

La Junta admite la incoherencia de crear tribunales de instancia en partidos con un solo juez, condenando a los pequeños municipios a no dar el salto a la especialización que busca la norma. La administración andaluza destaca el esfuerzo a realizar para adaptar las sedes judiciales, los recursos humanos y los sistemas informáticos antes de diciembre, un plazo «exigente» que, de acuerdo con la administración andaluza, no se consensuaron con las comunidades. En algunas provincias ya se ha puesto en marcha una experiencia piloto de la oficina municipal de justicia, pero en Granada aún no ha empezado.

Por su parte, Alberto del Águila, juez decano de Granada y futuro presidente de los tribunales de instancia, destaca los beneficios de la reorganización si se aplica acompañada de recursos. «No se ha hecho una reforma así desde que existían los jueces territoriales y las audiencias territoriales. Es decir, prácticamente en Democracia es la primera reforma de este calado. Se lleva hablando de esto desde hace 20 años», comenta. «Soy partidario de los tribunales de instancia. Creo que la situación de la justicia, el colapso que hay, la única manera de afrontarlo es a través de este cambio España está entre los diez primeros países de en carga de litigiosidad. Es más fácil crecer a través de los tribunales de instancia, que no supone la necesidad de creación de unidades judiciales completas, pero eso va a requerir una colaboración con la administración muy importante», subraya. «Todo lo que no sea dotar económicamente los tribunales para un correcto funcionamiento es un error. Vamos a necesitar que los medios sean los adecuados porque una cosa que puede ser beneficiosa para la administración se puede convertir en un caos de tramitación», concluye.

De hecho, se supone que la reforma y su aplicación irá acompañada de una nueva Relación de Puestos de Trabajo que redimensione la plantilla. En Granada hay más de 1.300 profesionales ligados a la Justicia, unos 1.050 funcionarios, más de 120 jueces y magistrados, casi un centenar de LAJ y 53 fiscales. Los cambios en la plantilla son clave, ya que la justicia granadina prevé una oleada de jubilaciones en los próximos cinco años y al menos 403 funcionarios, un tercio de la plantilla, dejarán sus puestos de trabajo por jubilación con un horizonte 2030.

Davinia Baños, portavoz de SPJ-USO, reclama una Valoración de Puestos de Trabajo y una RPT desarrollada por una empresa externa para que la definición de la plantilla necesaria «se ajuste a la realidad». «En 2003 ya se intentó implantar la nueva oficina judicial, no fueron capaces y en un año pretenden hacerlo todo», critica. A su juicio, la reforma se traduce en problemas de movilidad y especialización para el funcionariado. «La excusa de la ley es el reparto de la carga de trabajo y aprovechamiento de los recursos humanos, pero es un ahorro para no invertir en justicia», sentencia.

Los sindicatos coinciden en que en los partidos judiciales pequeños de Granada la sobrecarga será mayor y urgen a ampliar la plantilla, que permanece prácticamente igual desde hace tres décadas. Silvia Martín, delegada del CSIF, espeta a la administración a avanzar cómo se hará la aplicación y la división de secciones. «Si se hace sin presupuesto, personal o un sistema informático que funcione, porque Adriano presenta muchas deficiencias, será un desastre», resume. «Nos preocupa la celeridad también con la que se quiere llevar a efecto esta este cambio porque a este paso la reforma se quedará en un cambio de nombre», sentencia.

Por su parte, el coordinador de STAJ, Nicolás Nuñez, manifiesta que los sindicatos han presentado alegaciones a la implantación y reclaman áreas de especialización para los funcionarios. Además, solicitan un aplazamiento en la aplicación. Por último, Leandro Cabrera, decano del Ilustre Colegio de Abogados, considera que, aunque su finalidad es positiva, para el colectivo de la abogacía existen serias dudas de que vaya a funcionar la introducción del nuevo sistema de Oficina Judicial que deja la tramitación de los procedimientos en manos de los letrados, acotando la función de los jueces a celebrar juicios y dictar sentencias. El colegio apunta que también necesita contar con una dotación económica suficiente para su correcta implantación, que esperamos que se materialice.