«Serán más los agricultores que ganan con la PAC que los que pierden»
La subdelegada del Gobierno defiende ante las organizaciones que no saldrá ni un euro de la provincia y que el trasvase es entre beneficiarios de la misma región
El futuro reparto nacional de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), que plantea una reducción progresiva de las ayudas económicas superiores para acercarse ... a la media –la denominada convergencia– está generando una oleada de críticas y malestar por parte de las organizaciones agrarias, que han acusado al Gobierno de perjudicar a Andalucía y Granada con esta convergencia «acelerada» y de tratar de implantar un modelo de 'tasa plana' reduciendo derechos históricos.
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La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, y el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Ángel Riesgo, mantuvieron ayer una reunión con organizaciones agrarias provinciales para informarles sobre las negociaciones de la PAC, en el marco de la ronda de encuentros informativos impulsados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Andalucía.
Sobre la convergencia, López Calahorro insistió en que se plantea un avance «modesto pero necesario para reducir la discriminación entre agricultores de una misma región, que producen en las mismas condiciones». «Las ayudas medias en las distintas regiones agronómicas serán las mismas. Lo que va a ocurrir es que, progresivamente, todos los beneficiarios se irán acercando a estas. Los que están por encima recibirán algo menos y los que están por debajo, algo más. Son más los agricultores y ganaderos que ganan que los que pierden. En el conjunto del país, un 56% de los beneficiarios verá incrementado el valor de sus derechos y un 44% reducirá el valor de los mismos», explicó la subdelegada del Gobierno. Ante las críticas recibidas por esta convergencia, la subdelegada consideró que «sin duda ha habido una mezcla de malentendido y ganas de generar alarma y confusión desde determinados ámbitos».
En este sentido, subrayó que la convergencia en 2021 tendrá además un efecto muy limitado. «Globalmente, solo se mueve un 3,5% del total de los importes de pago básico; los que pierden más del 20% son solo el 1,8% de los beneficiarios; y no sale ni un euro de cada región de pago básico. El trasvase es entre beneficiarios de la misma región, que deben acercarse al valor medio», esgrimió.
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El sector pide un reparto más justo
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía emitieron ayer un comunicado conjunto, tras las reuniones con el Gobierno en distintas provincias, en el que advirtieron que, de no retirarse el real decreto, «los tractores volverán a salir a la calle en cuanto la situación sanitaria lo permita para reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz».
El presidente provincial de ASAJA, Manuel del Pino, subrayó que la aplicación de la convergencia «acelerada» de los derechos de pago base que establece «el mal llamado» 'decreto de transición' «no es otra cosa que una declaración de intenciones del Gobierno de España para la implantación de un modelo de tarifa plana para el reparto de las ayudas que no tiene en cuenta la diferenciación de cultivos y que claramente perjudica a Andalucía y a Granada».
Del Pino consideró también que el guion de las negociaciones de la nueva PAC «tendría que cambiar casi por completo y contar con el sector andaluz para estudiar y consensuar el modelo y, así, reconducir la situación».
«El Real Decreto de Transición para la aplicación de la PAC en 2021 y 2022, previo a la entrada en vigor de la reforma en 2023, nos ha traído una convergencia de los derechos de pago básico hacia el valor medio de las regiones productivas del 80% en estos dos años, cuando Bruselas recomienda una convergencia gradual del 75% hasta 2026. Está hecha de forma abrupta, sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores y ganaderos y sin venir siquiera acompañada de estudios que analicen su repercusión territorial y sectorial», lamentó Del Pino.
Además denunció una reducción del presupuesto del 2,01% en estos dos primeros años, que según sus cálculos implicará una primera modificación de las ayudas que puede suponer una caída de hasta cien millones de euros para Granada.
Por tanto negó que el Gobierno tienda a implantar una tasa plana –la misma ayuda básica en todo el país–, como ya aplican otros estados miembros de la UE, y defendió el modelo de ayuda diferenciada por regiones. «Lo lógico y justo es que los agricultores que se encuentran dentro de una misma región, en la que están sujetos a las mismas circunstancias productivas, reciban el mismo importe de ayuda por unidad de superficie», insistió.
En general, se pretende que la nueva PAC sea equilibrada y justa, «priorizando las ayudas para aquellos que más dependen de los ingresos agrarios, especialmente las pequeñas y medianas explotaciones familiares». Además se incentivará a las explotaciones que lleven a cabo prácticas beneficiosas para el medio ambiente. Otro de los aspectos que puede beneficiar especialmente a la provincia, según los representantes del Gobierno, es el programa sectorial específico con el que quieren que cuente el olivar y las medidas de apoyo para este cultivo tradicional.
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