Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada

La noticia se ha conocido este martes, cuando la portavoz municipal del PSOE, Raquel Ruz, ha desvelado en comisión el envío de SMS por parte del equipo de gobierno para ofrecer la posibilidad de realizar esos servicios extraordinarios a toda la plantilla municipal. La responsable, que ha recordado que ya advirtió del «caos» que el modelo planteado por los populares iba a generar, ha acusado a los de Marifrán Carazo de «imprevisión» y ha cargado contra unas limitaciones frente al modelo consensuado por ambos partidos en el mandato anterior.

Ruz ha calificado de «monstruo burocrático» la zona de bajas emisiones planteada, un sistema que, en su opinión, «ya nació con carencias» y que ha tildado de «parcheo». La dirigente ha lamentado que el equipo de gobierno «pasara por alto» el impacto que tendrían las tramitaciones en el día a día de Movilidad y ha cuestionado que se reforzara lo suficiente la concejalía. «Lo que ha pasado», ha dicho, «es que el área de Movilidad está absolutamente colapsada e irá a peor porque, además, aún tienen que venir los recursos que se han puesto».

La socialista, por otra parte, ha cuestionado los servicios extraordinarios, que van a obligar a formarse «a prisa y corriendo» en materia de movilidad a funcionarios de otras áreas, y ha calificado de «chapuza» la gestión de los populares en este ámbito.

La responsable de Movilidad, Ana Agudo, ha reconocido la propuesta de servicios extraordinarios a los trabajadores, pero ha asegurado que se trata de algo «planificado». La edil ha desvelado que su área lleva pidiendo refuerzos de personal «desde el año pasado», pero que no se ha podido conseguir el número de trabajadores necesarios «por motivos presupuestarios». Sí se han incorporado algunos empleados en septiembre, justo antes de la oleada de solicitudes, y ahora se busca incorporar a más para aligerar la carga.

La concejala ha admitido que se trata de una situación «compleja», pero ha insistido en que no se trata «de falta de previsión» y ha argumentado que, aun con el modelo de zona de bajas emisiones pactado en el mandato anterior, «la falta de recursos sería la misma». «En el momento en que hay excepciones, la carga ya la tendrías», ha insistido.

Agudo se ha referido también a los recursos que hay abiertos contra la zona de bajas emisiones. Se trata, como ha explicado, de seis solicitudes formalizadas por Vox, por tres municipios metropolitanos -uno de ellos Armilla-, otra de una asociación y otra de un ciudadano particular, que consideran que existen incumplimientos en la aplicación de la ley.

La responsable ha señalado al «marco legal inseguro para las entidades locales» aprobado por el Gobierno como una de las causas detrás de la controversia generada, que en otras ciudades ha llevado a la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones.

Agudo se ha mostrado convencida de la tarea realizada en Granada y ha puesto en valor la tramitación seguida por el gobierno municipal, aunque ha advertido del posible impacto que podría tener un dictamen judicial desfavorable contra la limitación. Como ha recordado, hay subvenciones en el aire si prosperan los recursos, al menos 3,8 millones de euros que aportó el ministerio y que tendrían que ser devueltos si la ciudad no tienen en vigor las medidas. La edil también ha aclarado que existe la posibilidad de tener que devolver fondos Next Generation recibidos si la medida no está en marcha.