El fraude de agua cuesta al Ayuntamiento de Iznalloz 300.000 euros al año

El alcalde asegura que el consumo de agua en los domicilios en los que el suministro es ilegal es «doce veces mayor» al resto de viviendas. «Esto provoca un malgasto y un uso descontrolado e incívico de este bien de primera necesidad», señala el regidor acerca de un problema que es «histórico» en este municipio de los Montes Orientales.

Desde el equipo de gobierno han solicitado ayuda a la Diputación de Granada para cambiar las tuberías de aquellas zonas en las que tienen conocimiento que hay enganches ilegales de agua, como una medida con la que lugar contra esta situación.

No obstante, esta no es la primera actuación que el consistorio lleva a cabo para controlar y limitar así el consumo de agua. El Ayuntamiento afirma que han comprado 300 contadores digitales para enfrentar el problema y recaudar así la cantidad económica que corresponde al gasto de agua.

El objetivo es conseguir un consumo responsable y solucionar el perjuicio económico que esta situación provoca en las arcas municipales. Admiten que ya han cambiado las tuberías de algunos barrios.

El alcalde de Iznalloz, además, advierte de que «otros muchos pueblos se encuentran en esta misma situación» y explica que esto deriva en ocasiones en restricciones de agua o en que la calidad del suministro disminuya y no sea apto para el consumo humano.

Desde la Diputación de Granada afirman que son conocedores de este problema de abastecimiento de agua en distintos puntos de la provincia y que ofrecen diversas subvenciones para que los ayuntamientos puedan hacer frente a ello.

En principio, en un primer estudio estimativo, desde Diputación apuntan que el 68% del agua que tienen embalsada en un centenar de municipios pequeños se pierde. Los motivos son las fugas –por las roturas de las tuberías– o los fraudes, los enganches ilegales como los de la luz, pero con la red pública del agua.

El bajo rendimiento técnico de las redes es la causa de que el 31,8% de los municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes presenten insuficiencia de dotación de agua, esta cifra es del 19,4% en los municipios de menos de 2.000 habitantes.

Las redes destrozadas de estos municipios funcionan a un 30%, lo que acaba provocando que el agua sea de mala calidad e incluso con declaración de no apta para el consumo humano y riesgo para la salud, «que implica la necesidad de instalar un tratamiento de potabilización adecuado para cada caso, más allá de una simple cloración, con el consecuente sobrecoste del metro cúbico del agua tratada», explican en este informe de Diputación.