Más de 800 familias se quedan fuera de la bonificación del IBI social

Para el edil Francisco Puentedura, la causa principal de este descenso en las peticiones está en la relación del ciudadano con la administración. «Los beneficiarios que quieren renovar la ayuda tienen que solicitarla por cita previa, teniendo que esperar muchos meses, o por vía electrónica, lo que es absurdo, porque ellos son los que más sufren la brecha digital», asegura el concejal, que critica que el gobierno municipal «no ha hecho absolutamente nada para intentar solucionarlo».

Como recuerda, la confluencia puso sobre la mesa meses atrás una propuesta para ampliar el plazo o crear uno nuevo aplicando las circunstancias especiales que recoge la normativa y que concurren por la crisis mundial generada por la covid. El concejal defiende que «se podía y se pueden plantear ambas opciones, además, porque hasta junio no tiene que salir el padrón que regula el impuesto, lo que permite ampliar el periodo para que ninguna familia se quede fuera». Sin embargo, como denuncia, la respuesta a la propuesta fue negativa.

Puentedura reconoce que a la confluencia le sorprende «muchísimo» la no aceptación de la petición. «Más cuando el área de Hacienda lo lleva Ciudadanos, un partido que hace unos años criticaba que no se hacia nada por el IBI social», lamenta. El edil reclama acción al equipo de gobierno, al que critica por «aprovechar la pandemia para hacer caja en el Ayuntamiento, lo cual es una actitud indecente y rastrera».

El concejal recuerda que Podemos-IU mantiene su propuesta sobre la mesa y reclama al equipo de gobierno que «abra un nuevo plazo de dos meses para que ninguna familia se quede atrás» y que «se habilite espacio en los centros cívicos y oficinas municipales con funcionarios para que se facilite a los demandantes poder presentar la documentación por vía electrónica».

Puentedura exige también que, tal y como ocurre en otras capitales andaluzas, como Sevilla, Córdoba o Málaga, los demandantes no tengan que renovar la solicitud año tras año. Se trata esta de una petición que ya hizo la Cámara de Cuentas al consistorio en 2014. «El Ayuntamiento puede saber si la situación económica del solicitante ha cambiado o no porque tiene acuerdos con la Agencia Tributaria», recuerda.

Asimismo, pide que se eleve el umbral del valor catastral del inmueble del solicitante, que actualmente es de 60.000 euros. Recuerda que la regularización realizada en los últimos 5 años ha subido el 15% de los valores de los inmuebles sin que se haya elevado igualmente el límite. «Hay familias que se están quedando fuera sin que haya mejorado su situación», denuncia.