Familias denuncian esperas de dos años para que reconozcan la discapacidad a sus hijos con autismo

El reconocimiento del grado de discapacidad es necesario para optar a distintas deducciones y subvenciones, para poder constituirle un patrimonio protegido al afectado y para el acceso a algunas becas. El retraso en la valoración y obtención del grado de discapacidad limita el acceso de las familias a estas ayudas. La petición unánime de las familias es que se incorporen nuevos equipos de valoración y orientación para descongestionar las listas de espera.

En la provincia de Granada, desde que se presenta la solicitud de reconocimiento de grado de discapacidad hasta que se resuelve pasan alrededor de dos años. Así lo explican las familias y lo advierte Comisiones Obreras en Granada, «dándose la circunstancia agravante de que cuando la persona reciba la valoración, la misma está ya obsoleta». El Defensor del Pueblo Andaluz ya alertó el 2021 de que el periodo de espera superaba el año y medio.

Inés Segovia es el vivo ejemplo de cómo esta espera condiciona la vida de un hijo. Al suyo, Fernando, le diagnosticaron TEA cuando tenía dos años. Ya ha cumplido cuatro y sigue sin tener el expediente resuelto. «Cada vez que voy a preguntar me dicen que el tiempo de espera es más largo», cuenta la madre, que ha presentado varias reclamaciones al respecto.

Inés, residente en Albolote, lamenta que esta situación les está «frenando» para conseguir ayudas económicas, ventajas fiscales o incluso la tarjeta de aparcamiento para discapacitados. Mientras, ellos realizan un importante esfuerzo económico para que a su niño no le falte nada. «Es como pagar una hipoteca, recortamos el sueldo para sufragar el coste de sus terapias», agrega.

En cuanto a la educación, los perjudicados afirman que la situación es aún más discriminatoria. Según la Confederación de Autismo España, el número de alumnos con TEA está aumentando exponencialmente, siendo el alumnado con autismo el más prevalente entre aquellos con necesidades educativas especiales. Los afectados son más, pero los recursos no se han incrementado en la misma proporción.

Según las necesidades de cada alumno, hay diversas modalidades. La B se refiere a la incorporación de figuras de apoyo que acompañan al alumno en el aula ordinaria para adaptar los contenidos. La C consiste en un aula específica para trabajar determinados conocimientos, mientras que el resto se adquieren en el aula de referencia con los demás compañeros. La tercera, la D, alude a un colegio de educación especial.

En el colegio del hijo de Inés, que cuenta con aula TEA, debería haber dos PTIS (Personal técnico de Integración Social), pero solo hay una. Estos profesionales son los que se encargan de cambiar pañales o darles de comer a los niños. Así, la progenitora expone que si tiene que salir de la clase para atender a otro menor, el aula TEA se queda solo con la maestra. «Cada vez hay más niños con necesidades especiales y necesitan apoyo», insiste.

Los problemas educativos llamaron también a la puerta de Cristina Álvarez, madre de Valentino, de dos años y medio de edad. En su caso, un grupo de orientadores concluyeron que necesitará asistir a un aula TEA -su grado de autismo es alto-, pero en su zona del Zaidín solo cuatro colegios cuentan con ella. Aunque el niño ahora está en la guardería, los padres se movilizaron para tenerlo todo listo de cara al próximo curso, cuando empiece Educación Infantil. No lo han conseguido: todos los centros están ocupados.

«Nos dijeron que nos darían uno a ocho kilómetros der donde vivimos y que no nos pueden poner transporte escolar adaptado. El problema es que para llegar allí hay que coger dos líneas de autobuses y al niño le da pánico viajar en transporte público», manifiesta Cristina, que se siente «impotente» ante esta situación. El desarrollo de su niño mejoraría enormemente si le ofrecieran las herramientas adecuadas. «Esta edad es crucial, nos dicen que luchemos para que mejore de cara a Primaria», destaca.

Por otra parte, los apoyos que se facilitan en primaria se reducen drásticamente en secundaria, con solo tres institutos con aula TEA en Granada y menos figuras de apoyo en las aulas ordinarias. De hecho, muchos se ven obligados a trasladar a los chicos a un centro de educación especial, a pesar de que con un apoyo adecuado podrían continuar su formación en igualdad con sus compañeros.

Hugo, de 11 años, hijo de Raquel Serrano, está en este punto. Al enfrentarse a la Educación Secundaria, un equipo técnico provincial dictamina el cambio de modalidad. La familia lamenta estar atada de pies y manos, sin posibilidad de elección, a no ser que se recurra. «Nos vemos abocados a llevarlo a un centro especial concertado en el que tienen sala de integración, terapia ocupacional, fisioterapia, reciben formación para el empleo, educación sexual… Herramientas que no ofrece un instituto, pero que son necesarias para su transición a la vida adulta», asegura Raquel, residente en Ogíjares.

En definitiva, estas familias reclaman que sus hijos tengan los mismos derechos que el resto para crecer en igualdad. Y eso pasa por recibir las resoluciones de discapacidad mucho antes y que el entorno educativo sea el propicio.