Otro informe retrasa una inversión millonaria en el Palacio de Congresos

A las cifras del negocio, se sumaron también los gestos de los socios públicos y privados, que enterraron el hacha de guerra y se unieron para lograr las primeras inversiones en más de una década. Durante el año, se avanzaron iniciativas para remodelar el espacio, ampliar las salas y ponerlo en disposición de competir en el cada vez más difícil sector del turismo de congresos. Atrás quedaba una época de incertidumbre marcada por la nula renovación del edificio, la falta de licencia de actividad y un amago de rescisión de la concesión que había complicado la existencia misma de la entidad.

Con estas mimbres, los miembros del consorcio del Palacio de Congresos, que integran la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada, estaban llamados este martes a dar cuenta del último ejercicio y adoptar decisiones importantes para el futuro del ente. En el orden del día destacaba especialmente la validación del acuerdo alcanzado entre los socios privados para la entrada de una nueva mercantil en la concesionaria. Se trata de una maniobra relevante para el futuro del Palacio de Congresos dado que el nuevo socio privado llega con fondos millonarios bajo el brazo para invertir. En total, cinco millones de euros para la construcción de dos núcleos de ascensores, un restaurante panorámico dentro del cubo de cristal del edificio y una cúpula sobre el anfiteatro con la que poner fin a los problemas de accesibilidad y evacuación de la planta superior y diversificar la oferta actual del espacio.

El expediente, sin embargo, no llegó a ser votado. Las dudas despertadas por el procedimiento administrativo y la falta de un informe jurídico provocaron que quedara sobre la mesa. La decisión retrasa la ratificación del acuerdo «hasta la semana que viene», cuando se espera que pueda estar toda la documentación. Sin embargo, tiene efectos también sobre la inversión, que queda a expensas de que se valide la entrada del nuevo socio privado, y revela diferencias entre las administraciones que componen el consorcio.

Consultado por lo sucedido, el Ayuntamiento quitó hierro al asunto, aunque reconoció «dudas» en la Junta, que solicitó «un informe jurídico que no es obligatorio ni vinculante para estar más seguro». El Consistorio aseguró que la empresa «ha presentado más documentación de la necesaria» y confirmó que espera que el acuerdo para la entrada de la nueva mercantil pueda votarse «la semana que viene».

Por su parte, la Junta de Andalucía apuntó a diferencias «de fondo y forma» para explicar lo sucedido. El delegado Antonio Granados detalló que la documentación se remitió «el lunes a última hora», lo que impidió que pudiera revisarse de forma adecuada, y señaló la «falta de informes». El responsable insistió en que el Gobierno andaluz está «en sumar y trabajar», pero aclaró que necesita «certeza en los procedimientos» ante un «cambio accionarial al que va condicionada una inversión importante».

Granados, por otra parte, mostró su descontento con el papel del alcalde, que convocó una rueda de prensa para hacer balance del último ejercicio y hablar de inversiones a la misma hora a la que debía reunirse el consorcio. «Todos queremos sumar y hablamos de lealtad, pero lo mínimo es que se cuente con la concesionaria en el balance y que la Junta, que tiene el 66% del consorcio, esté presente cuando además los fondos PIRE que hacen posible algunas de las inversiones fueron solicitadas por la consejería de Hacienda por mediación de Marifrán Carazo», criticó el delegado, que tendió la mano «para normalizar la situación del Palacio de Congresos como elemento emergente del turismo MICE».

La concejala de Unidas Podemos y miembro del consorcio por la cuota municipal, Elisa Cabrerizo, también explicó lo sucedido por la falta de documentación y cuestionó que el alcalde además no contara con el resto de miembros del Palacio de Congresos en la convocatoria público. Según dijo, «está claro que falta información y no se puede votar un punto de esa importancia sin que se sepa con exactitud cómo es el acuerdo o quiénes son los nuevos socios privados».

Consultado por lo sucedido, la concesionaria del Palacio de Congresos prefirió no ofrecer declaraciones y mantenerse al margen al considerar que se trata de cuestiones administrativas que competen a los socios públicos.