La fábrica clandestina de cigarrillos de Granada que tenía 'presos' a los empleados

El sistema de prevención de riesgos laborales brillaba por su ausencia. No había extintores y las máquinas carecían «de elementos protectores para evitar los atrapamientos entre los engranajes», describe la Fiscalía Provincial de Granada el panorama que se encontró la Guardia Civil cuando irrumpió en 2017 en la nave que albergaba la 'empresa' furtiva, que estaba ubicada en Pilas de Algaida, un pequeño anejo rural de apenas 70 habitantes del municipio granadino de Ventas de Zafarraya.

El único gesto de humanidad que tenían los 'directivos' para con sus empleados era concederles veinte minutos para comerse un bocadillo que corría por cuenta de la 'compañía'.

Ahora, los presuntos promotores de la fábrica delictiva, trece sospechos (once de ellos españoles, un ruso y un ucraniano) tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Granada para responder por los cargos de pertenencia a organización criminal, contrabando y vulneración de los derechos de los trabajadores.

El ministerio público solicita para ellos penas que, en los casos más graves, alcanzan los catorce años de prisión y el pago de multas de cuatro millones de euros.

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2017 tras una serie de registros planeados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (una unidad de élite del instituto armado encargada de la persecucion de bandas criminales y de las investigaciones particularmente complejas). «La puesta en funcionamiento de la fábrica ilegal de tabaco fue advertida a partir del segundo semestre del año 2017 por los agentes de la UCO, de tal manera que, el día 5 de diciembre, se practicaron numerosas entradas y registros judicialmente acordados tanto en los domicilios de los investigados como en la fábrica de Pilas de Alagida, (...) decomisándose numeroso aparataje, maquinaria, vehículos, embalajes y tabaco en diferentes formas«, relata la fiscalía cómo se desmantelo la factoría ilícita.

La operación fue coordinada por Europol a través de su oficina móvil. En la fábrica de Granada se invirtieron –según los cálculos de la Guardia Civil– cerca de tres millones de euros para su puesta en funcionamiento y la intervención se saldó con la confiscación de diez toneladas de hoja de tabaco, cuatro toneladas de picadura de tabaco y 4,5 millones de cigarrillos. La instalación clandestina asumía, supuestamente, todo el proceso de elaboración del tabaco, desde la recepción de la hoja, picadura, confección de los cigarrillos, creación de las cajetillas completas, composición de los palés y posteriormente su distribución.

La redada contó con la colaboración de State Border Guad Service de Ucrania, EUBAM, Policía del Ministerio de Interior de Bulgaria, Policía de Fronteras de Rumanía y Policía de Grecia.