El expediente del despido del Parque de las Ciencias

No se trata ni mucho menos de un gran pufo, ni en ningún momento se insinúa que se haya producido un desvío de dinero. El relato que hace el expediente es el de cierta relajación en las tareas que se le suponen a un cargo directivo de este nivel que genera un «quebranto patrimonial a la entidad» o le obliga a desembolsar cantidades importantes por retrasos en los plazos. Hacienda ha pasado varios recargos al consorcio por no presentar a tiempo –aunque fuera por una semana– la liquidación del IVA o autoliquidaciones de impuestos. «El consorcio ha tenido que hacer frente al pago de sanciones por una actuación errónea y muy poco diligente del trabajador, con la consiguiente causa de un perjuicio patrimonial a la entidad, dado que ya ha recibido las correspondientes actas firmes de inspección y de exigencia de responsabilidad sancionadora», concluye el expediente.

La propia Intervención de la Junta realizó una inspección y su informe –fechado el 5 de noviembre de 2021– señala «diversas irregularidades»; como no presentar el impuesto de sociedades de 2020 «con el consiguiente riesgo fiscal». Se detalla también la existencia de diez demandas laborales por la «inadecuada gestión en materia de personal», de las que ya existe una sentencia que obliga al Parque de las Ciencias a readmitir a un trabajador y abonar 18.640 euros por los salarios de tramitación. El informe advierte del «gran perjuicio para el consorcio» en el caso de que el resto de casos también resulten desfavorables.

La Intervención detecta que no se pagan a tiempo cuotas de préstamos; un complemento que se crea «ex novo» para una trabajadora; o la existencia de dos tarjetas bancarias sin autorizar, una de ellas a nombre del directivo. Se utilizan para pequeños pagos relacionados con el museo, como alega –y así consta– el trabajador expedientado. «La falta de control económico por su parte provoca desembolsos de cantidades pertenecientes al consorcio que no deberían haber salido de su patrimonio», recoge el acta.

Pese a todo, el capítulo más abultado no es el de los gastos sino el de los ingresos. La Intervención le atribuye «falta de control» en las cantidades que tienen que abonar los miembros del consorcio y que estaban pendientes cuando se hizo la inspección. En concreto, 649.832 euros de la Diputación y 1.692.261 del Ayuntamiento de Granada. El instructor del expediente comparte, en línea con las alegaciones del directivo, que no tiene culpa de que otras instituciones no cumplan: «Efectivamente la falta de pago de deudores del consorcio no es una conducta achacable al trabajador. Pero sí lo es, en su condición de director del área de Economía, el control (en este caso más bien la falta de control) de los ingresos, tal y como refiere el informe de Intervención y conlleva su puesto laboral». Al menos, reclamarlo y que constara.

Los números tienen su ciencia. Y conviene que sea exacta.

El 12 de mayo de 2021 llegó un sobre con remitente anónimo a fiscalía que aportaba una documentación sobre las cuentas del Ayuntamiento de Alhendín. La relevancia radica en que el alcalde es también el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez. Se abrieron diligencias de investigación para esclarecer si habían existido pagos irregulares. Según el informe de la interventora que iba en la denuncia, el supuesto agujero era nada más y nada menos que de un millón de euros; la cantidad a la que ascendían las facturas sin fiscalizar y los 16 pagos puestos bajo sospecha.

Las diligencias de investigación penal 104/2021 se han archivado, aunque el alcalde de Alhendín nunca llegó a estar directamente investigado. Según el decreto de la fiscalía, se han subsanado la mayoría de los pagos, los gastos en cuestión eran reales y el informe de la interventora no era más que un mecanismo de control interno.

Las denuncias anónimas, a menudo, las carga el que fuera tu amigo.