La excúpula de la Federación Andaluza de Hockey niega haberse apropiado de dinero

Durante la primera sesión del juicio que se está celebrando esta semana en la Sección Segunda para determinar si, como sostiene el fiscal del caso, Luis Salcedo, se cometieron ambos ilícitos, el abogado de la excúpula, Rafael Revelles, planteó varias cuestiones previas para avalar su tesis exculpatoria. Entre ellas, pidió que se incorporasen distintos documentos para tratar de demostrar que el dinero del desfase por el que se acusa al exgerente, J. I. M., se debió al cobro de su sueldo, así como que las otras cantidades se devolvieron íntegras e incluso que él no percibió ciertas sumas que le correspondían.

En su declaración, el exgerente admitió que estuvo apoderado algunos años en las cuentas de la Federación (hubo otros responsables antes) y justificó los movimientos a su favor por su contratación remunerada como gerente y otros traspasos bajo sospecha en el temor a que la Junta les quitara el dinero de las subvenciones que les había ingresado en 2005, después de no haberles ingresado nada en los tres años anteriores.

Aclaró que la subvención de 2002 la perdieron y que las de 2003 y 2004 llegaron con retraso, por eso, cuando se produjo el ingreso, como tenían «muchos acreedores», decidieron «cubrirse las espaldas» y efectuaron los traspasos que los han llevado al banquillo. «Por seguridad y garantía se hicieron las transferencias», manifestó.

Para este procesado es para quien se piden las penas de prisión más elevadas: el ministerio público le pide 6 años y 7 meses de cárcel, mientras que la FAH eleva su petición a 9 años y 7 meses.

J. I. M., que fue interrogado el último, aclaró que fue presidente de la Federación desde 1986 hasta 1992, y después desde 2005 hasta ordenar la Junta su cese el 30 de septiembre de 2013. Aparte, precisó que fue gerente también de la entidad con un contrato laboral desde mediados de los noventa y que hasta 2001 fue el único personal laboral de la Federación, que tiene su sede en la capital granadina. En cuanto a su sueldo como gerente, calculó que cobraba «unos tres millones al año» de las antiguas pesetas.

Explicó que la documentación de la FAH le fue entregada a la comisión gestora después de recurrir la decisión de la Junta y conocer el fallo desestimatorio del TSJA. «No estábamos de acuerdo con la orden y lo primero que hicimos fue hablar con nuestro letrado», apostilló, para añadir que la comisión gestora no quiso reunirse con este, y que sus miembros «por su cuenta y riesgo» fueron al banco y «bloquearon las cuentas».

Al final, como admitió, el alto tribunal denegó la suspensión de la orden que los acusados habían recurrido confirmándola cautelarmente, por lo que acabaron entregando una «copia» de la documentación (un cedé con los archivos digitalizados) a la comisión gestora. Si no lo hicieron antes fue en la creencia de que «hasta que el TSJA no suspendiera el acto, no estábamos obligados a entregar ninguna documentación». Sobre por qué entregaron copia en cedé, el exgerente coincidió con el extesorero en que todos los documentos originales estaban en la sede de la FAH, en calle Santa Paula.

La Junta ordenó el cese de esta junta directiva y constituyó una comisión gestora porque, supuestamente, no habían convocado elecciones cuando tocaba, ante la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres. Sin embargo, el exgerente afirmó que sí las convocó «dentro de plazo», pues fue justo «el último día».

Este procesado intervino tras el interrogatorio del extesorero, F. T.B., quien negó ante el tribunal haberse quedado con los más de 8.500 euros que se traspasaron a la cuenta del Club Veleta, del que era presidente. También admitió que cuando la situación económica de la Federación fue complicada, el exgerente adelantó incluso dinero de su bolsillo.

Los más de 8.500 euros de cuyo desvío se le acusa, se transfirieron, según detalló F. T. B., para ejercer de interlocutor válido con la Diputación cara al arreglo del campo de hockey, ubicado en terrenos de la Diputación, y se habría devuelto, según garantizó, cuando se desterró el proyecto porque era muy costoso.

La ronda de declaraciones de los acusados en la sala de vistas, adecuadamente dotada de todas las medidas para prevenir el contagio por covid, se inició con la del exsecretario, A. B. G., a quien le reclaman el fiscal y el abogado de la federación, que ejerce la acusación particular, la pena menor: siete meses de prisión. En sus contestaciones, este acusado, a quien sólo se le atribuye la supuesta desobediencia, aseguró que «nunca» tuvo una notificación personal y directa de la orden de la Consejería de Deporte.