El Estado rechaza asumir la indemnización a la viuda e hijos del agente Arcos

IDEAL ha tenido acceso a la resolución denegatoria emitida por el Ministerio del Interior en el marco de un expediente administrativo de resarcimiento abierto a raíz de la reclamación formulada por la viuda de Arcos, Raquel Pérez Palma.

El Kiki, que reconoció durante el juicio haber matado al agente tras arrebatarle su arma reglamentaria, fue declarado culpable de homicidio agravado y de tenencia de armas de guerra por un jurado popular. Se le impusieron 22 años y medio de prisión, y se fijó la indemnización para la viuda en más de 159.000 euros, y en más de 85.000 y 89.000 para su hija e hijo, respectivamente.

Como el Kiki se declaró insolvente, la familia de Arcos solicitó entonces ser resarcida por el Estado, pues el agente perdió la vida en acto de servicio. El expediente de resarcimiento se incoó el noviembre de 2022 y su instructor, un alto cargo de la Guardia Civil, se había mostrado favorable a las pretensiones de Raquel y sus hijos.

Sin embargo, la decisión del ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska, notificada a la viuda e hijos de Arcos el pasado 23 de junio, rechaza pagar la indemnización fijada en la sentencia condenatoria. Y lo hace por entender que, al haber fallecido Arcos, ellos serían víctimas indirectas y no directas.

«Sólo hay una víctima, que es el guardia civil, y falleció, que es mucho más grave que si hubiera resultado lesionado», subraya el abogado de la viuda del agente, Javier lópez García de la Serrana, director del bufete jurídico HispaColex.

«Les da exactamente igual lo que dice el instructor y se acogen a un supuesto informe de la Abogacía para ofrecer ese argumento tan peregrino de que como ha muerto, no les indemnizan. Si hubiera vivido, sí», critica el jurista, al tiempo que advierte de que ese argumento «es contrario a derecho y al propio sentido común».

Para este letrado, «hay que ser muy mezquino para venir al funeral -el ministro se desplazó a Granada para asistir al acto desarrollado en la Catedral- para luego negarles a lo que tienen derecho, como se está reconociendo en los tribunales«. En este punto, recalca que existen dos sentencias del Tribunal Supremo que entienden que «aquel funcionario público (policía nacional o guardia civil) que se ha visto lesionado en acto de servicio tiene que ser amparado por el principio de indemnidad».

Este principio supone «que un funcionario público tiene que quedar indemne frente al daño que le cause un tercero en el ejercicio de su trabajo», explica López García de la Serrana, para aclarar que en el caso de Arcos, por tanto, «no se trata de una responsabilidad patrimonial de la Administración, porque no hubo un mal funcionamiento de la Administración».

La resolución de Interior ya ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por la familia del agente. Luego, si el desenlace del contencioso iniciado fuera igualmente desestimatorio -el pronunciamiento puede tardar varios meses-, Raquel y sus hijos podrían acudir al Tribunal Supremo (TS) apelando al antes mencionado principio de indemnidad.