335.000 granadinos y 25.000 empresas, afectados por las medidas del Gobierno

Según una estimación realizada por este periódico sobre las cifras oficiales, más de un tercio de la población, unos 335.000 granadinos entre autónomos, empleados y familias, y alrededor de 25.000 empresas dependen de las decisiones que tome el Ejecutivo.

Las primeras medidas, destinadas sobre todo a permitir la capacidad de respuesta de las administraciones, se basó en un Real Decreto-Ley que destinaba 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas, procedentes de un adelanto de la financiación, para hacer frentes a los gastos en salud.

Otro de los enfoques de Pedro Sánchez, al que se refirió durante sus declaraciones del jueves pasado, fue el de mantener el apoyo a las familias en peor situación, para lo que anunció que se mantendrían las becas de comedor. El último curso, a esta partida se dedicaron 70,3 millones de euros en Andalucía, según los datos de los que dispone el Ministerio de Educación. Estimando sobre el volumen de población, esto implicaría que a Granada llegarían por este motivo unos 5,13 millones.

Además, en el paquete aprobado ayer mismo también se aseguró que las familias que estén en situación de riesgo económico no podrán ser privadas de suministros básicos, es decir, agua, luz o gas. En la provincia granadina hay más de 15.000 personas que se pueden encontrar en esta situación, ya que se estima que son las que pueden acogerse a la Renta Mínima de Inserción Social. Este colectivo también podrá beneficiarse de una moratoria en el pago de sus hipotecas mientras dure la crisis.

La medida más contundente en términos empresariales que se ha tomado hasta el momento tiene el objetivo de «paliar los efectos en el turismo, los transportes, la hostelería, el comercio y la cultura –también aplica a los museos y salas de espectáculos– afectados por el descenso de visitantes». Se aprobó una línea de crédito de 200 millones para estas sociedades, con 20 años de amortización y 3 de carencia. Además, las que continúen en activo entre febrero y junio y mantengan a sus trabajadores fijos discontinuos sólo pagarán la mitad de la cuota a la Seguridad Social.

Este es el sector crucial que se ve afectado por las decisiones del Gobierno en lo que a Granada se refiere. De acuerdo con los datos del InstitutoNacional de Estadística (INE), tanto a nivel de demografía empresarial como de población activa, la hostelería y el comercio suponen alrededor del 40% de todas las empresas que tienen actividad en Granada. Hasta el cierre de 2019 había 24.553 sociedades activas en este sector de las 60.020 que componen en conjunto el tejido provincial.

Debido a esta coyuntura, ayer el Ejecutivo aprobó un plan para hacer más sencillo acceder a un expediente de regulación temporal del empleo (ERTE). Sólo en las primeras horas tras esta decisión, un total de 12 empresas granadinas solicitaron acogerse a este proceso. Los sindicatos se encuentran en este momento, según indicas fuentes de los mismos, tramitando multitud de solicitudes de regulación temporal del trabajo.

Además, el sector servicios es uno de los focos más claros de creación de empleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019, en la provincia el tercer ámbito, de lejos el más afectado por la situación provocada por la escalada de casos de Covid-19 en los últimos días, empleó en ese lapso de tiempo a un total de 255.000 personas en Granada. Esto quiere decir que más de uno de cada cuatro habitantes de la provincia, casi el 28% del total, se dedica a una actividad relacionada con estas labores.

Con respecto a la población que tiene empleo, la cifra es aún más importante. Siempre según los datos más recientes de la EPA, el sector servicios ocupa a 255.000 de las 342.000 personas que en la provincia tiene un puesto de trabajo. Es decir, prácticamente a tres de cada cuatro: el 75% del total.

Todos estos trabajadores y empresarios están ahora pendientes de las novedades que vaya habiendo con esta línea de crédito, que dependerá del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las medidas fueron en principio muy similares a las que el Ejecutivo tomó cuando quebró la agencia de viajes Thomas Cook, con un rango ampliado por las características de la enfermedad, ya considerada pandemia por parte de la OMS.

Si a todos ellos, además, se le suman las cifras de los autónomos, el conjunto de la población granadina que se ve tocada directamente por este Real Decreto-Ley sigue aumentando. Aunque el texto mantiene ciertas limitaciones al plan de acción que delimita, es muy probable prever, dadas las características específicas de la economía provincial, que la mayoría de los trabajadores granadinos acogidos a este régimen de empleo podrán verse beneficiados por las cuestiones previstas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, y a fecha de febrero de 2020, según la información de la que dispone el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la provincia granadina había, al cierre de ese mes, un total de 64.884 afiliados al régimen de autónomos. Si a ellos les sumamos los 255.000 ocupados en el sector terciario, la cifra escala por encima de los 300.000, prácticamente un tercio de toda la población, que ahora se encuentran, como todos, pendientes de la evolución de la pandemia y de qué medidas se toman para tratar de hacer más llevadera la situación.