El Ejecutivo no descarta el campamento de inmigrantes en Armilla pese a las protestas

Que estos terrenos colindantes con hasta cinco municipios vayan a ser un campamento de acogida temporal de inmigrantes no es una sospecha infundada. Los documentos registrados en el Ayuntamiento de Alhendín el pasado 2 de abril, por la empresa pública Tragsa, comunicando el comienzo de las obras activaron la maquinaria de oposición de los consistorios y los vecinos.

En esta semana pasada el Ayuntamiento de Alhendín declinó el inicio de las obras y advirtió a la empresa de las consecuencias legales que tendría comenzar una obra en terreno rústico y el alcalde, Francis Rodríguez, se unió a los regidores de Armilla, Churriana de la Vega, Ogíjares y Las Gabias para lanzar un mensaje conjunto de desacuerdo ante la decisión del Gobierno. La semana de bloqueo al campamento acabó con una manifestación, el pasado sábado, de un millar de vecinos por los alrededores de estos terrenos.

Pese a toda esta presión social, desde la Secretaría de Estado de Migraciones indicaron ayer a IDEAL que «no hay ninguna decisión tomada y que se están valorando diferentes opciones».

La Subdelegación del Gobierno en Granada manifestó ayer que no hay novedad y que «se siguen estudiando las objeciones urbanísticas que se señalaban en el informe remitido por el Ayuntamiento de Armilla».

Desde el Gobierno se refieren al documento que envió el Consistorio armillero para advertir de la incompatibilidad de la obra que se quiere llevar a cabo con la calificación del suelo de la Base Aérea elegido para construir el campamento.

En este documento, el Ayuntamiento de Armilla señala que según el plan general de ordenación urbana de Alhendín –municipio al que pertenece ese solar– al ser un suelo protegido, solo se pueden construir instalaciones relacionadas con la agricultura o con fines militares y que en todo caso, se necesitaría de un plan especial.

Esta misma advertencia la ha hecho el Ayuntamiento de Alhendín que ha indicado al Ministerio de Migraciones que se necesita de una herramienta urbanística, de un proyecto y una licencia de obras para construir. Algo que pasaría por dos filtros: la Junta de Andalucía y el propio Consistorio alhendinense.

Los cinco ayuntamientos afectados quedaron en aprobar una declaración institucional para rechazar el campamento de inmigrantes en esa ubicación, que aprobó ayer Armilla en pleno y aprobará Alhendín este miércoles. En el documento estos municipios expresan el «colapso» que provocaría este centro de acogida de inmigrantes, que tendría una capacidad para 1.200 personas, según la documentación entregada por la empresa pública Tragsa.

Estos pueblos consideran que las condiciones de salud y bienestar de las personas acogidas «no serían las adecuadas». Además, según apunta, los centros de salud se verían sobredimensionados y perjudicados. «La alta concentración de personas en un espacio reducido como los módulos, podría infringir las condiciones adecuadas de habitabilidad de estas personas, su falta de privacidad y acarrear dificultades en el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento e infraestructuras adecuadas para toda la comunidad», advierten estos ayuntamientos que añaden que sus policías locales y la Guardia Civil «se verían desbordadas».

Los vecinos, organizados en una asociación, preparan dos movilizaciones más:una el 14 de abril en Armilla y otra en Granada, en la Subdelegación del Gobierno, con fecha por determinar. Además han instalado 40 puntos de recogida de firmas entre los cinco municipios.

Por su parte, el Partido Popular de Granada instó al Gobierno de Pedro Sánchez a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de instalación de un centro de acogida de inmigrantes en la Base Aérea. Así lo dio a conocer en la mañana de ayer el diputado nacional por la provincia Carlos Rojas, que lamentó «la falta de lealtad, la desinformación y los argumentos de poco peso» que hasta la fecha ha mantenido tanto el Ejecutivo central como el propio subdelegado de Gobierno en la provincia.