Dos meses para hacer frente al aluvión de granadinos que pasarán al SAS desde Muface

Por ahora, no hay plazo oficial para realizar el traslado a la Seguridad Social. Mutualistas y beneficiarios desconocen cómo se procederá en el caso de que este concierto sanitario se disuelva para siempre. El futuro de sus historiales clínicos y tratamientos activos es incierto. Los últimos datos oficiales datan de diciembre de 2023 e indican que en la provincia hay 45.614 funcionarios en Muface. Es un asunto estatal, sí, pero que azotará con virulencia la ya saturada sanidad granadina en la que el sector reclama hoy la contratación de 900 sanitarios –200 médicos y 700 profesionales de la enfermería–. Pero de sumarse estas casi 46.000 personas las cifras cambiarán. Granada necesitará entonces alrededor de 1.400 sanitarios más porque solo para ese aluvión de gente harán falta en torno a 200 médicos y 300 enfermeros.

Así lo apuntan las primeras estimaciones de los sindicatos, que se basan en los ratios nacionales y advierten que «hacer un cálculo real es difícil». «Solamente en médicos de familia estaríamos hablando de cerca de 50 y si tenemos en consideración atención hospitalaria serían unos 100 más, siendo prudentes y tirando por lo bajo. Faltarían por calcular pediatras, por ejemplo, y dependería del número de niños», explica el presidente del Sindicato Médico de Granada, Paco Cantalejo. A estos mutualistas habría que sumar, además, beneficiarios como padres, hermanos, cónyuges o hijos. Son muchos los matices a tener en cuenta, pero que faltan manos resulta evidente. «Sin el aumento de esos profesionales y con la situación de precariedad que tenemos actualmente sería inviable dar la respuesta de asistencia sanitaria ni proporcionar los cuidados que necesitan», subraya el secretario general de Satse Granada, José Manuel Morales.

El conflicto está pasando factura a los docentes granadinos. Están «extremadamente inquietos». Cuentan que algunas aseguradoras están empezando a no tomar cita y han recibido sendas cartas de Adelas y DKV en las que advierten que «no van a entrar en licitación». «El sistema se cae. Si alguien en Seguridad Social tarda tres meses en ser atendido, qué va a pasar si nos incorporamos. Lo sabemos desde hace un mes y requiere uno o dos años preparar el traspaso de información y los hospitales», ha defendido el presidente en Granada de la Asociación Andaluza de Directores de Centros Escolares, Luis Pinto. Así, tanto desde Asadipre como desde Asadian, que abogan por «ir todos a una», piden a la Junta un «plan de choque» para incorporarse al SAS «de forma inmediata y con garantías».

«Los grandes perjudicados»

Los jubilados son «los grandes perjudicados». «Los más mayores son los que tienen más gastos al sufrir más patologías», ha señalado la presidenta de CSIF Granada, Victoria Pineda. El grueso de mutualistas, según datos ofrecidos por esta agrupación, se encuentra en la franja de 35 a 65 años, que supone el 43%, pero los mayores de 65 –los más vulnerables– representan el 29%. Es el segundo grupo más grande;son 13.228 los granadinos que saldrían especialmente damnificados. Aunque la inestabilidad ya se está dejando notar con la anulación de miles de citas y cirugías en todo el país. Es un asunto estatal, pero están a prueba todos los sistemas sanitarios, cuya competencia en este caso está transferida a la Junta de Andalucía.

Adeslas, que en Granada asiste a 13.544 funcionarios, se ha descolgado de Muface. Tal y como publicó esta cabecera, solo Asisa (14.134 mutualistas) y DKV (6.805) han mandado sus propuestas al Gobierno. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, garantizaba días atrás que habrá una nueva licitación de Muface «antes de que acabe el año». De no renovarse el convenio con estas aseguradoras, el impacto se dejará notar tanto en los hospitales públicos como en los privados.

En manos del Estado

La delegación de Salud no se ha pronunciado sobre lo que la desaparición de Muface supondría para la sanidad granadina en concreto y ha remitido a este periódico a la Consejería de Salud, que ha afirmado que Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, está a la espera de indicaciones del Ministerio. Eso sí, «como sistema sanitario estamos preparados», ha aseverado.

Salud dice ser «consciente» del aumento de la necesidad asistencial, pero se mantiene «expectante» ante las posibles soluciones que desde el Gobierno central «se va a dar a todas las partes». La Junta entiende que es responsabilidad del Estado resolver este contexto de incertidumbre y tensión. «Hablamos de cerca de 400.000 personas entre funcionarios y sus familias. El Gobierno central no puede desentenderse de ellos», concluye.

Impacto en la privada

De no haber una nueva licitación de Muface antes de final de año, el impacto se dejará notar también en la sanidad privada. En el Hospital La Inmaculada, cuya propietaria es una aseguradora, «la incertidumbre es total». «Estamos trabajando como si no pasara nada, y esperamos que no pase nada, ya no por que los ingresos puedan caer o no, sobre todo por las necesidades de esas más de 45.000 personas que no tienen historial en el sistema público granadino», ha expresado el gerente, David Cuevas.

Desde Vithas han subrayado las palabras de Fundación IDIS y Aspe, patronal de la sanidad privada. Así, se entiende que el hospital granadino siente «preocupación» por la «ideologización» del informe del Gobierno –señala el traspaso como viable y razonable– y que advierte de los «riesgos» de una transición masiva de mutualistas del sistema privado al público. En cualquier caso, reiteran que su foco es «seguir atendiendo al paciente en las mejores condiciones».