Dos 'arrepentidos' impulsan la implicación de los jefes de ETA en el asesinato de Luis Portero

La declaración de estos 'arrepentidos' –los primeros integrantes de la organización terrorista que están colaborando de forma voluntaria con la Justicia para esclarecer los crímenes de la banda– se produjo en abril ante García Castellón, aunque ambos habían declarado antes en la causa abierta por el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez. El 2 de septiembre, el mismo día en que el BOE publicaba la «jubilación forzosa por edad» del magistrado, el Juzgado Central de Instrucción número 6 envió sus testimonios a otros juzgados de la Audiencia Nacional para su incorporación a siete procedimientos sobre otros tantos atentados de ETA, informó el lunes Melchor Saiz-Pardo.

Entre ellos se encuentra el juzgado número 2, que en 2002 condenó a los etarras Harriet Iragui Gurruchaga y Jon Igor Solana Matarranz a 54 años de prisión como autores de los disparos que causaron la muerte del fiscal y en 2007, a 30 años a Juan Antonio Olarra Guridi, 'Jon', como inductor del crimen.

En 2019 el titular de este juzgado, Ismael Moreno, reabrió el caso, en respuesta a un escrito de la familia de la víctima, para recopilar información sobre la presunta participación de otros integrantes de la cúpula de la banda en aquel momento, Ainhoa Múgica Goñi, 'Olga', y Francisco García Gaztelu, 'Txapote'. En 2021 el sumario se cerró por falta de pruebas, pero, según reveló ayer a IDEAL Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado y presidente de Dignidad y Justicia, el juzgado reabrió el procedimiento hace cuatro meses a raíz de una querella suya que apuntaba a 'Txapote' como el dirigente que dio la orden directa del asesinato.

El principal interés de las declaraciones de los exetarras es que ofrecen detalles clave sobre el funcionamiento de la banda terrorista y su estructura jerárquica. Así, ambos declararon que los integrantes de los comandos tenían autonomía para atentar contra policías, guardias civiles y militares, pero no contra cargos públicos, políticos, jueces o fiscales, para lo que requerían la orden expresa del 'comité ejecutivo' de la banda terrorista, que les llegaban por una carta firmada a través de un buzón o de forma verbal.

«¿Quién fijaba como objetivo y decidía atentar contra (...) jueces, fiscales y abogados? ¿La dirección de ETAo el propio comando?», preguntó García Castellón. El testigo protegido 1, que formó parte de ETAen los años 80, respondió: «El comité ejecutivo. Siempre ellos decidían contra esos objetivos».

El testigo protegido 2 –activo entre 1993 y 2001– confirmó al magistrado que entre 1999 y 2002 el aparato militar se denominaba 'Otsagi' y estaba formado por 'Jon', 'Txapote' y 'Olga', pero 'Mikel Antza' y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', también participaban en la decisión de señalar objetivos. «En el caso de jueces y fiscales, ¿era también la dirección o eran ustedes, el comando, quien fijaba el objetivo y decidía atentar?», le inquirió el magistrado. «Hubiéramos tenido que consultar a la dirección, sí. No teníamos autonomía en este caso», reconoció el testigo, que admitió que recibió ordenes de 'Otsagi' para atentar contra funcionarios de Justicia, «todos los que pudiéramos».

«Es un gran paso, pero llega un poco tarde», señaló Daniel Portero, en alusión a la actual controversia judicial en torno a la prescripción de estos delitos. Actualmente cuatro exdirigentes de ETA –'Antza', 'Iñaki de Rentería, 'Anboto' y 'Kantauri'– están procesados en la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad como miembros del entonces 'comité ejecutivo' de ETA en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La fiscalía considera prescritos los delitos –han pasado más de 20 años–, mientras las acusaciones –entre ellas la asociación Dignidad y Justicia– aducen que la jurisprudencia avala continuar con el procedimiento.