Una monitora del Parque de las Ciencias con unos niños, en una foto de archivo. IDEAL

Doce empleados de subcontratas y falsos autónomos ganan sus juicios al Parque de las Ciencias

El museo científico se ha visto obligado a integrarlos en la plantilla, lo que ha supuesto un coste de unos 600.000 euros, según los afectados

Inés Gallastegui

Granada

Martes, 18 de febrero 2025, 00:45

Doce trabajadores que llevaban años trabajando para el Parque de las Ciencias a través de subcontratas o como falsos autónomos han entrado en plantilla en ... los últimos meses tras ganar en los tribunales los recursos contra su despido. Hay otras cuatro sentencias pendientes y los salarios de tramitación más los costes no abonados a la Seguridad Social ascienden a unos 600.000 euros que deberá pagar el museo científico, según han informado los afectados.

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Los trabajadores han querido hacer pública esta situación después de que el fundador del Parque, Ernesto Páramo, afirmara la semana pasada que su gestión como director-gerente se cerró en 2020 con una auditoría externa que reveló la transparencia de la gestión y unas cuentas saneadas. Según estos empleados, que han preferido no hacer públicos sus nombres, todos ellos fueron contratados durante el mandato de Páramo. Tienen hasta 15 años de antigüedad y pertenecen a todos los departamentos del museo. Esta redacción ha tenido acceso a las sentencias.

Los trabajadores subrayan que su situación desmiente la gestión «inmaculada» de la que presume Ernesto Páramo

La situación se destapó cuando en 2020 la Intervención de la Junta de Andalucía descubrió varios contratos administrativos con empresas –algunas de ellas de Madrid– cuyo único fin era facturar al parque el coste de empleados por un valor inferior al de los miembros de la plantilla, un supuesto irregular denominado cesión ilegal de trabajadores.

En otros casos se trataba de falsos autónomos, es decir, profesionales que prestaban y facturaban sus servicios como si fueran autónomos externos, pero estaban en realidad integrados en la organización igual que cualquier contratado con una relación laboral con la institución.

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Inspección de Trabajo

Según los afectados, la Junta informó a la Inspección de Trabajo, que levantó acta de las irregularidades, pero, dada la imposibilidad de ordenar su ingreso en una entidad pública, tuvieron que ser despedidos y acudir a los tribunales. Ahora la Justicia les ha dado la razón, les ha reintegrado a sus puestos y ha ordenado que les sean abonados los salarios no percibidos desde la fecha de su despido, así como sus aportaciones a la Seguridad Social no abonadas.

El trabajador más antiguo ha cobrado unos 87.000 euros de salarios de tramitación y unos 40.000 de aportaciones a la Seguridad Social. En algunos casos, el juzgado ha reconocido además una indemnización por daños y perjuicios.

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