Narcotráfico en Granada

Los cuerpos policiales reclaman más agentes y medios ante el auge del tráfico de drogas en Granada

La falta de agentes es la realidad más denunciada, seguida de la necesidad de renovar medios materiales y realizarles el mantenimiento adecuado. Piden asimismo endurecer las penas y mencionan en concreto que suministrar gasolina a las narcolanchas no está considerado delito, sino una infracción administrativa, una sanción «insuficiente».

La falta de personal es la principal demanda de la Asociación Unificada de Guardia Civil (Augc) de Granada. David Martín, secretario provincial, cifra en cincuenta el número de agentes que harían falta en la Costa granadina como mínimo para poder avanzar en la lucha contra el narcotráfico. «Tenemos plantillas de los años 70 para el año 2024. En verano se triplica la población y nosotros nos vamos a un tercio», denuncia. Además, Granada está especialmente afectada por los cultivos ilegales de marihuana. En este sentido, la asociación pide la creación de grupos especializados en investigar estas plantaciones, con dedicación exclusiva.

El Puerto de Motril, por ejemplo, pide regularmente apoyo a Seguridad Ciudadana y las patrullas «no dan abasto». En este puerto están las tres embarcaciones con las que cuentan, que ocasionalmente son requeridas por otras zonas, como Almería. Aunque «funcionan bien» a veces se les realiza la revisión «fuera de plazo». «Prima más que estén funcionando a que estén varadas durante días para el mantenimiento», agrega David Martín, que también reclama que vuelvan los turnos de 24 horas en el Servicio Marítimo. «En los de doce horas se pierde efectividad y operatividad», advierte.

La asociación reclama que toda la costa andaluza sea considerada zona de especial singularidad, especialmente Cádiz, donde más de 200 personas han pedido traslado en el último año. «Acosan a las familias de los guardias, limitan su trabajo. No quieren trabajar allí», apostilla. El colectivo se une a la petición de que el 'petaqueo' -personas que almacenan y/o transportan gasolina a las narcolanchas- sea considerado un delito y menciona también la inmigración irregular. «A las mafias les sale muy económico el tráfico de personas y les importa poco las vidas humanas. Los dejan tirados a cincuenta metros de la orilla y muchos mueren al no saber nadar», lamenta.

César Calín, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la provincia, recuerda que Granada fue incluida hace un par de años en el plan operativo que lucha contra el narcotráfico en el estrecho, sin que haya supuesto un aumento de plantilla. «Cuando hay un operativo se desplazan aquí para elaborar la fase de investigación, pero tenemos los mismos funcionarios», apunta. El espacio físico supone igualmente un problema, especialmente en el Distrito Sur, donde la construcción de una nueva comisaría en el Zaidín no llega. «Lleva proyectándose diez años sin que llegue a ejecutarse», agrega.

Calín se centra en la necesidad de modificar los tipos penales e incluir el 'petaqueo'. Las agresiones a los agentes, lamenta, «salen muy baratas». «Pegarle a un policía cuesta 60 o 70 euros. Los que se plantean dedicarse al tráfico de droga encuentran impunidad», alerta. En este sentido, critica que ni Policía ni Guardia Civil sean consideradas profesiones de riesgo. «Estamos penalizados», lamenta.

El secretario general del SUP considera que no se puede erradicar el tráfico de drogas, pero estamos a tiempo de evitar que España se convierta en un «narcoestado», como en países en los que el crimen organizado «pudre el resto de actividades económicas». «Podemos minimizarlo, pero queda poco tiempo», añade.

Óscar Raúl Malagón es policía local en Santa Fe, uno de los pueblos en los que ocasionalmente se desmantelan plantaciones de marihuana, unos cultivos que han aumentdo en los últimos años. «La relación entre el rendimiento económico y el coste judicial es positiva para ellos», manifiesta. Recuerda que los traficantes tienen «mejores vehículos, medios técnicos, informáticos y de telefonía móvil» que los cuerpos policiales, pero sobre todo poseen una red de confianza. «Se encargan de cuidar y responsabilizarse de los cultivos 'indoor', dan la voz de alarma en caso de que visualicen algún movimiento policial, transportan la mercancía… Cobran si mantienen la boca cerrada y asumen la responsabilidad», denuncia.

Es necesario, a su juicio, aumentar el número de agentes y mejorar los medios, pero también «dinamizar la justicia». A nivel social, cree que la mayoría de ciudadanos «apoya cualquier actuación policial que se haga contra este mercado». «Hay muchas formas legales de ganarse la vida y que no te obligan a estar durmiendo con un ojo abierto o mirando constantemente hacia atrás por si te están investigando. Si se normaliza habremos fracasado como sociedad», recuerda.

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago Ruiz, apuesta por dotar de suficiente personal y medios materiales al Ministerio de Interior, pero también al de Justicia, para evitar el «embudo» que se produce con el aumento de detenidos y de incautaciones. Además, en la lucha contra el narcotráfico considera necesario «adoptar reformas legales que permitan agilizar los procedimientos judiciales».

Ana Tárrago no cree que esté normalizada la tolerancia en la sociedad hacia el narcotráfico. Prueba de ello, insiste, ha sido el «rechazo social» que ha producido los videos subidos a las redes sociales con expresiones de apoyo a los narcotraficantes de Barbate, por los que se ha ordenado la apertura de una investigación penal. «Es necesario educar en principios y valores y ofertar salidas laborales en las zonas donde se está arraigando el narcotráfico, porque la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la justicia no son suficientes», advierte.