Cuatro de cada diez empresas granadinas no han podido salir todavía de un ERTE

De hecho, casi dos meses después del final del estado de alarma, cuatro de cada diez empresas granadinas no ha podido abandonar la suspensión de empleo asociada a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 4.289 sociedades llegaron al 31 de julio con un ERTE por causa de fuerza mayor activo. Hasta ese momento eran 10.075 las solicitudes de este tipo que habían llegado hasta las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Es decir, que el 42,6% de todos los expedientes aprobados continúan en activo porque la empresa no ha podido recuperar la normalidad. En lo que respecta a los trabajadores, 13.849 siguen en suspensión de empleo.

Una situación «muy complicada», como reconoce María Vera, secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) por «la recuperación a medio gas de sectores clave como el comercio y la hostelería». Aunque afirma que «todavía queda mucho camino que recorrer», valora de manera positiva el instrumento de la suspensión de empleo, ya que ha permitido «la supervivencia de miles de empresas y su adaptación a la situación económica, protegiendo un empleo que de otra forma se habría destruido».

Uno de estos casos es el de Silvia Pérez, que regenta dos negocios de restauración en la capital granadina cuyos gastos fijos incluso sin abrir la puerta superan los 4.000 euros mensuales. El pasado 17 de agosto decidió abrir el más céntrico de ellos, situado en la conocida calle Navas. Una decisión que tomó porque «no podía soportar la carga financiera» y a pesar de que «el Centro de la ciudad está muerto», como ella misma resume. En su zona, asegura, están abiertos alrededor del 60% de los locales. La caída es aún mayor en lo que respecta a los ingresos:«son más o menos el 30% de lo que antes hacíamos normalmente», reconoce. En su opinión, es imprescindible que el mecanismo de suspensión de empleo se extienda en el tiempo más allá del cierre del mes de septiembre; este es el límite legal que tienen en este momento mientras el Gobierno negocia otra eventual prórroga hasta finales de año.

También pide que se tomen medidas para controlar el precio de los alquileres mientras no se recupere una actividad normal; en algunas de las zonas más céntricas de la ciudad, asegura Silvia Pérez, detecta «insensibilidad de varias familias granadinas con respecto a la situación de los negocios».

«Salvar a las empresas de hostelería significa salvar muchos empleos», remata Pérez. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), representan a este sector un total de 5.767 empresas en la provincia granadina. Prácticamente la mitad de ellos ha solicitado acogerse a un ERTE por la pandemia; en concreto, fueron 2.834 (el 49,1%), según un reciente estudio de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La cifra es un poco más baja en el caso del comercio, ya que estos fueron 2.627.

Otro de los sectores que más está sufriendo la situación económica que está dejando tras de sí la Covid-19 es el del alojamiento. Pese a que el Gobierno tuvo la intención de salvar la campaña veraniega abriendo las fronteras el 1 de julio, los rebrotes y las medidas restrictivas tomadas por terceros países provocaron el desplome del turismo extranjero, que ha sido hasta el momento el 15% de lo que correspondería a un año normal. El resultado: el peor dato en un mes de julio de los últimos veinte años.

Un estado de cosas que conoce bien Gerardo Castilla, vicepresidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Presidente de la Asociación Provincial de Restaurantes, Cafés y Bares de Granada y propietario de tres hoteles y una pensión. El 1 de agosto abrió uno de sus establecimientos hoteleros, mientras los otros dos continúan cerrados a la espera de acontecimientos. «Vamos a ver qué pasa en septiembre», afirma aunque sin ninguna confianza en que pueda salvar el año. «Yo he abierto porque tenía que pagar alquileres, pero por mí hubiera seguido sin abrir». Afirma que su empresa «necesita 55.000 euros al mes sólo para estar cerrada».

Castilla se une a la opinión de Silvia Pérez en lo que respecta al coste de los alquileres en la ciudad de Granada y considera que la carga financiera a la que tienen que enfrentarse las compañías pese a la existencia de instrumentos de apoyo como los ERTE o los préstamos que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puede acabar causando estragos si la situación no se endereza pronto. «Sin una ley de protección el 60% o el 70% del sector hotelero se va a la quiebra en menos de un año», asegura.

Mientras tanto, en el foco de todo se encuentran también los trabajadores. Gerardo Castilla y Silvia Pérez afirman sin ambages que sus empleados les apoyan y comprenden la disyuntiva a a que se enfrentan. Tal vez en esta ocasión más que otras veces, empresarios y empleados están unidos por una sola noción: la incertidumbre sobre el futuro.