Cuatro barrios de la capital superan ya el tope del 10% de viviendas turísticas

Como dejó entrever el propio debate de la normativa, la limitación llega a tiempo para impedir que zonas como Zaidín, Genil o Chana se vean afectadas por este fenómeno. El estudio encargado por el Ayuntamiento para conocer la situación exacta del alquiler turístico ya reveló que la implantación de estos negocios en estos barrios estaba aún lejos de ser un problema, pues en ninguno de ellos se alcanzaba siquiera un 5% de pisos dedicados a este fin.

La utilidad de la limitación, sin embargo, es menos clara en los cuatro barrios donde la densidad de pisos turísticos es mayor. Son los casos de Fígares, Realejo, Albaicín y Centro, ubicaciones donde el estudio municipal atribuye densidades muy superiores al tope del 10%. En algunos de ellos, el fenómeno está tan extendido que prácticamente una de cada cuatro viviendas están dedicadas al negocio de las visitas, lo que está generando importantes tensiones y críticas por parte de los vecinos.

La normativa, en su redacción nueva, no implica cambios para estos distritos, donde las licencias seguirán en los mismos términos. Precisamente este aspecto es uno de los que está a debate en varios de los barrios afectados. Vecinos consultados por este periódico confirman la «desilusión» que les genera un tope que «no ordena el exceso de licencias que existe».

Así lo trasladan, por ejemplo, representantes de Albaicín Habitable, uno de los colectivos más activos en los últimos meses en la petición de un mayor control del fenómeno en el histórico barrio. «La medida es insuficiente y llega a destiempo», aseguran a IDEAL.

El grupo considera que en el Ayuntamiento «debería haber más conciencia de la problemática que tenemos» y reclaman que se retrotraigan «ciertas licencias, sobre todo en las zonas tensionadas». En este sentido, recuerdan que el informe encargado por el Consistorio «tiene ya más de un año, un plazo en el que la situación se ha agravado». Como ejemplo, señalan la extensión del fenómeno en ubicaciones como la Carrera del Darro, el Paseo de los Tristes y algunas de las calles que suben desde San Juan de los Reyes. «Tenemos constancia porque vivimos algunos vivimos aquí que el porcentaje de viviendas turísticas ronda en algunas calles el 80%, con los problemas de subida de precios, cierre de negocios, saturación de los servicios y problemas de convivencia, especialmente por ruidos, que conlleva».

Debate

El colectivo, como otros vecinos del Realejo y de Fígares consultados por este periódico, insiste en la necesidad de que el Consistorio mueva ficha para equilibrar la situación en estos barrios donde el tope aprobado «no va a ser efectivo». «No pueden escudarse en que no hay competencia, tienen que hacer algo», insisten.

En contraposición con esta postura está la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de la Provincia (Avitar Granada), que califica de «declaración de guerra» el tope aprobado por el gobierno local. En un comunicado enviado el martes, la entidad lamenta que el Ayuntamiento haya desoído las propuestas de mejora del texto remitidas por la organización y cuestionan las cifras aportadas por el estudio municipal, «que confunde de manera interesada viviendas inscritas en el registro de turismo de la Junta de Andalucía con viviendas completas que ejercen actividad de manera permanente, que son de un 50% menos en determinados barrios». Avitar Granada cuestiona que la alcaldesa, Marifrán Carazo, no se haya reunido con el sector para conocer su posición « y tenga todo el tiempo del mundo para reunirse y ponerles alfombra roja a los grandes grupos de inversión, que ya han adquirido más de 130 edificios completos en Granada expulsando a miles de residentes del Centro». «Rechazamos una vez más que se nos demonice de manera permanente», insiste la organización al tiempo que pide «reflexión» al equipo de gobierno sobre sus decisiones.

La cuestión del futuro de la medida en los barrios que ya superan el tope del 10% ha sido trasladada al Ayuntamiento por este periódico. Desde el Consistorio aseguran que la ciudad no tiene competencias para actuar en estos casos concretos pues corresponde a la Junta de Andalucía. No obstante, reconocen que se están «revisando opciones».

Se trata de la misma posición trasladada ya el lunes pasado en la comisión informativa por el edil de Urbanismo, Enrique Catalina. El responsable aclaró durante el debate que las competencias están en manos del gobierno autonómico y reconoció la dificultad para ordenar la situación en esos barrios dada la dificultad para eliminar licencias ya concedidas. «Hemos actuado cuando hemos tenido oportunidad. No podemos quitar licencias que son legales y poco podemos hacer salvo que venga una ley superior», argumentó el concejal.

La oposición también se refirió en el debate a la cuestión. Desde Vox se recordó que las licencias existentes «conllevan derechos» y abogó por otras vías, como el aumento de las inspecciones o los incentivos a los propietarios que pongan sus viviendas en el mercado, para alcanzar una solución.

El PSOE, por su parte, sí reclamó más medidas al gobierno local para equilibrar la situación en los barrios más afectados. El edil Eduardo Castillo calificó de «brindis al sol» el tope aprobado y llamó a llevar a cabo «actuaciones útiles». «¿Qué va a pasar con lo que excede el 10%? ¿Se lo han pedido ya a la Junta? Esto es una medida ineficaz porque no arregla el problema», señaló el concejal.