El Gobierno detecta fallos en seguridad que impiden abrir el centro de inmigrantes de Motril

Según ha podido saber este medio por fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el centro de inmigrantes que se ubica en el puerto de Motril está a la espera de un informe del Ministerio del Interior y de la supervisión de la Policía Nacional para mejorar la seguridad.

Por ahora, se han detectado deficiencias en la colocación de cuadros de luces, habrá que cambiar también marcos, ventanas, persianas y otros elementos para bienestar tanto de los inmigrantes bajo custodia como para los agentes que prestarán allí servicio. Además, todavía no se han instalado los servicios informáticos pendientes. En las instalaciones, que se componen de barracones para 168 personas, se han invertido cerca de medio millón de euros.

Este es el quinto infortunio al que se enfrenta la instalación y las deficiencias de seguridad no es un asunto baladí. En los últimos años, la falta de presupuesto, convenio con el puerto y otros cambios en el proyecto han lastrado la obra, tal y como ha ido avanzando IDEAL.

La primera fase de la construcción del CATE quedó comprometida a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Con la primera partida presupuestaria, que correspondía al ejercicio de 2019, se afrontó la construcción de los módulos. La aprobación de unas nuevas cuentas se produjo a finales de diciembre de 2020 y en abril de 2021, la Secretaria de Estado de Seguridad aprobó la segunda fase de la intervención donde estaban pendientes algunas actuaciones para conectar los módulos a la red de saneamiento y abastecimiento, así como dotar las instalaciones de electricidad e instalar el mobiliario.

El segundo revés que ha tenido que sortear esta obra fue el cambio en el proyecto. Una de las empresas adjudicatarias tuvo que modificar algunas de las unidades de obra y el presupuesto a raíz de varias actuaciones y mejoras ejecutadas en el puerto de Motril. El tercer obstáculo y un pequeño conflito entre administraciones tuvo lugar en mayo de 2022, cuando el ministro Fernando Grande Marlaska manifestaba en la cámara alta que el Gobierno había firmado ya el convenio con la Autoridad Portuaria para la ocupación «inmediata» del centro tras el fin de las obras, pero no existía ese convenio.

El permiso debía renovarse. En junio, la Autoridad Portuaria dio luz verde a esa autorización. Supuestamente, ya solo quedaban algunas actuaciones eléctricas y el mobiliario para poder abrir.

En septiembre de 2023, con cuatro años ya de retraso, el Ejecutivo señalaba a IDEAL que no podía poner una fecha exacta para su entrada en funcionamiento. Por entonces, la apertura dependía de la ejecución de limpieza, instalación de mobiliario, por lo que entraría en funcionamiento «en poco tiempo», pese a que había que tramitar una nueva autorización de gasto para poder licitar la limpieza y acondicionamiento de las instalaciones.

En diciembre de 2023, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, declaraba que para su apertura, que no se atrevió a fechar, solo quedaba instalar los servicios informáticos. Y la última dilación llegaría ahora con las deficiencias en seguridad detectadas.