Familias de las VPO de Calahonda se ven con un «pie en la calle» después de 10 años

Este verano, la organización vecinal y la intermediación del despacho MG Abogados, logró supuestamente que Diputación y Visogsa, empresa inmobiliaria, aceptasen una prórroga de cinco años para que los ocho primeros afectados de la urbanización que no tuvieran que abandonar sus hogares tras diez años de alquiler por no haber podido formalizar la compra de los inmuebles por falta de recursos económicos. Sin embargo, siete meses después, los ocho primeros inquilinos afectados por el fin de su periodo de arrendamiento han recibido un nuevo sobresalto en forma de misiva que le insta a abandonar las viviendas el próximo mes de mayo si no pueden abonar la compra.

«El 24 de mayo y el 26 tenemos la salida. O compramos, o entregamos la llave. Somos 8 familias y el resto se le cumple el contrato escalodanamente en los próximos años», lamenta María José, portavoz de los vecinos. Ellos fueron los primeros inquilinos que hace una década llegaron a estas viviendas de protección oficial construidas en un solar que vendió la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda.

De acuerdo con su versión, ya han abonado de media 40.000 euros, el precio de cada casa es aproximadamente de 120.000, un «valor alto» para una VPO. «Se puso a la venta con el precio máximo de VPO, obviando que era inviable que comprásemos pasados los 10 años. Se ha pagado el bloque y nos quieren echar para vender más caro en una zona de playa. No entendemos cómo habiendo VPO se dé lugar a que la gente esté en la calle», critican los vecinos, que aseguran estar al corriente de pagos. «Parece que los pobres de costa somos más ricos que los pobres de interior», reiteran los afectados con desesperación. «Hay muchos niños pequeños y familias monoparentales. Todos tenemos nuestro certificado de riesgo de exclusión social».

Los inquilinos señalan que la administración provincial no tenía «compromiso ni voluntad política» de solucionar la situación de los vecinos e insisten en que se han encontrado «la puerta cerrada» de las administraciones implicadas y sin que se les atienda.

«No hay donde irse, los alquileres son de media de 600 o 700 euros y piden que en verano te vayas», lamentan. «Cuando accedimos al alquiler la administración lo puso todo muy bonito, nos dijeron que eran caros, pero que harían de puente con los bancos para negociar buenos precios y condiciones. Nos fiamos y ya nada es real, no bajan los precios de las viviendas. Esto costaría como mucho 60 o 80.000 euros y ahora piden hasta 120.000 como si fueran chalets», critican. «Estos pisos no valen eso porque encima hay deficiencias, se caen abajo y luego no hay quien venga a arreglarlo», manifiestan.

Antes de que Diputación cambiase de signo político, la empresa pública de vivienda, Visogsa, confirmó que la estancia podría prolongarse otros cinco años, siempre y cuando la Junta sellase los visados. El actual gerente, José Torrente, manifiesta que probablemente esa adenda no se dejó firmada por la anterior dirección porque era perjudicial para la empresa. El gerente indica que Visogsa no puede dar pérdidas dos años consecutivos porque «hay que garantizar la viabilidad económica» y señala que hay un «impago importante» por parte de los vecinos, algunos ya no viven en el edificio que asciende a 158.003 euros.

Torrente apunta que los precios de esas viviendas se han mantenido igual en la última década porque no le han subido el IPC que corresponde. La empresa muestra su disposición a estudiar «caso por caso» la situación de los vecinos en busca de una solución que no sea lesiva para los intereses de la empresa, siempre y cuando aquellos inquilinos que deban dinero tengan la «voluntad» de saldar la deuda.