Diputación aprueba la moción del PP en apoyo a los agricultores afectados por las expropiaciones de Rules

La moción, impulsada por el portavoz del PP en la Diputación, Nicolás José Navarro Díaz, busca que el Ministerio de Transición Ecológica negocie con la empresa Acuaes y las consultoras responsables del proyecto, para garantizar una compensación justa a los propietarios de las tierras expropiadas. Según los datos presentados, las obras afectan a cerca de 400 parcelas y más de 33 hectáreas de terrenos en municipios como Motril, Vélez Benaudalla y Molvízar, con un 65% de las parcelas pertenecientes a particulares.

Los agricultores, que no se oponen a la infraestructura, han manifestado su descontento por las compensaciones económicas ofrecidas, que consideran injustas en comparación con otras expropiaciones recientes, como las realizadas para la construcción de la A-7. Según la moción, los propietarios han sido citados sin garantías ni la información adecuada, y las cantidades ofrecidas no cubren el daño real causado a las fincas ni el lucro cesante que implica la pérdida de productividad de las tierras afectadas.

La propuesta defendida por Antonio Mancilla, diputado provincial de Medio Ambiente y alcalde de Los Guájares destaca la importancia de proteger los derechos de los agricultores afectados, subrayando que las expropiaciones han ocasionado pérdidas en cultivos, destrucción de infraestructuras rurales, y daños irreparables en algunas parcelas. «Es necesario que el Gobierno intervenga para garantizar que estas familias no vean menguado su patrimonio y que se respeten sus derechos», señaló Mancilla.

La moción fue aprobada con el apoyo mayoritario del Pleno, aunque Izquierda Unida optó por la abstención, sin pronunciarse en contra ni a favor de la propuesta. Con esta decisión, la Diputación de Granada se suma a las peticiones de los agricultores de la comarca del Bajo Guadalfeo, quienes exigen una revisión de los precios ofrecidos por la expropiación de sus tierras y una mayor transparencia en el proceso.

Los próximos pasos dependerán de la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica y de la empresa Acuaes, responsables de las obras en las canalizaciones de Béznar-Rules, una infraestructura largamente esperada en la región, pero que ha generado un profundo malestar entre los agricultores por el impacto en sus propiedades.