Decenas de familias denuncian una presunta estafa en la compra de una promoción de pisos en Almuñécar

Las familias, algunas de ellas extranjeras, abonaron de media entre 11.000 y hasta 25.000 euros por la reserva de los apartamentos y se consideran víctimas de una estafa a gran escala. Existen otras plataformas de afectados en Almería, Málaga (Mijas y Alhaurín el Grande) o Murcia (Águila), por otras promociones del mismo grupo.

La promotora, Grupo 21, propiedad de un matrimonio, se ha embolsado cerca de 840.000 euros sólo por la supuesta urbanización granadina. El despacho de abogados LexForma representa a cerca de una treintena de afectados y ha presentado una querella criminal por los delitos de estafa y apropiación indebida. Además, reclama responsabilidad civil a dos entidades bancarias que tramitaron los pagos.

La mercantil CJDE FAM 2016, SL, bajo el nombre comercial de Grupo 21 se dedicaba a la promoción de viviendas en zonas de playa. Hace tres años comenzó a publicitar la construcción de una promoción de una urbanización en Almuñécar bajo el nombre de Mirador de la Atalaya. La venta de la promoción se gestionó de manera telefónica, a través de la página web de la promotora y por medio del portal inmobiliario Idealista.

Los comerciales animaban a los interesados a comprar asegurando que estaban desbordados con el éxito de la promoción y que los pisos estaban volando para que eligieran entre los pocos que quedaban e ingresaran el 10% de su valor para su reserva. Como parte del engaño, les decían que si se arrepentían les devolverían el dinero.

Una vez obtenida la cantidad de la reserva, los administradores comunicaron a todos los compradores por correo electrónico el pasado 25 de mayo que la promoción no se iba a llevar a cabo y que en pocos días procederían a la devolución de su dinero El mensaje hizo saltar las alarmas de las 60 familias. De acuerdo con la querella, en poder de este medio, «a los compradores, ni se les atendió posteriormente ni le devolvieron el dinero entregado». Entonces empezaron las trabas por parte de la promotora «con la sola intención de ganar tiempo». Grupo 21 requirió a los compradores que le enviasen un certificado de la cuenta bancaria para proceder a hacer las devoluciones de las reservas en un plazo de 30 días hábiles. Una vez cumplido este requisito, la promotora, aseguró que las devoluciones se harían el 4 y 12 de septiembre.

Los afectados realizaron miles de intentos de contactar telefónicamente para resolver su problema sin que fuesen atendidos o bien les volvían a prometer que se les ingresaría el dinero. Poco después, «con la clara intención de parar la avalancha de peticiones», según apunta la querella, uno de los comerciales envió un email a todos los afectados, adjuntando un comunicado del abogado de la empresa que señalaba que Grupo 21 tiene un activo de tres millones de euros con el que garantiza el cobro de las cantidades adelantadas. Sin embargo, en el Registro de la Propiedad la promotora y sus sociedades sólo tienen en su patrimonio una vivienda.

El despacho se ha querellado también contra las comerciales que animaron e insistieron a las familias hasta obtener la firma del contrato y el ingreso de la reserva y quienes, en el transcurso del tiempo, y «conocedoras de la imposibilidad de llevar a cabo la construcción daban justificaciones y prometían que efectuarían la devolución», siendo los comerciales « pieza clave en el entramado».

Como parte del engaño, la promotora anunciaba en el terreno a construir y a través de una valla publicitaria la promoción sin haber adquirido aún el suelo y sin el consentimiento del propietario, quien al tiempo les obligó a retirar la publicidad. Para dar sensación de verisimilitud, la promotora aseguraba que la licencia estaba en fase de tramitación, un hecho que el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñecar ha negado al despacho de abogados, advirtiendo que «no consta ningún expediente de licencia de obra a nombre de dicha mercantil».

Grupo 21, lejos de cumplir con las normas legales, no facilitaron a los compradores una cuenta especial para la consignación de su dinero. La cuenta corriente era de tráfico común en las operaciones de la promotora y sus fondos, de acuerdo con la denuncia, se podían destinar así a satisfacer cualquier necesidad de la promotora.

Las familias temen que el dinero ingresado haya sido desviado por los administradores de la mercantil querellada hacia otros destinos y otras cuentas, con el ilícito propósito de vaciarla e impedir que en caso de no poder llevarse adelante la construcción de las viviendas no existan fondos para recuperar lo entregado.

Por último, el representante legal de las familias considera que las entidades bancarias tienen responsabilidad civil subsidaria. Los bancos tienen el mandato de obligar a las promotoras a la apertura de una cuenta especial para cada una de las promociones que lleven a cabo, con el objeto de proteger al comprador e impedir que su dinero tenga un destino distinto de aquel con el que fue ingresado. La promotora nunca contrató con las entidades bancarias el seguro o aval, si bien, a juicio de LexForma, las entidades bancarias no pueden alegar desconocimiento por ser numerosos los ingresos efectuados en sus cuentas.

Ambas entidades bancarias han sido requeridas por el despacho de abogados mediante burofax, para que realicen el abono de manera voluntaria sin que hayan accedido. Este medio se ha puesto en contacto telefónico y por correo electrónico con Grupo 21 sin haber obtenido respuesta.