Patrullera de la Guardia Civil, en un control. J. Martín

Cerco a la «invasión» de motos de agua en las playas de Granada con más vigilancia

La Guardia Civil controla Calahonda y Velilla tras la petición de los municipios, que tiran de socorristas y Policía para amonestar a los bañistas que no usan el canal náutico en la orilla

Sábado, 14 de agosto 2021, 00:28

A principios de la década de los 2.000 las playas comenzaron a llenarse de motos de agua y pequeñas embarcaciones de recreo. Pero la ... crisis económica comenzó a navegar antes de tocar tierra. Las familias soltaron lastre, se apretaron el cinturón dejando de lado estos entretenimientos veraniegos. Las matriculaciones de embarcaciones y el uso de motos náuticas en la Costa Tropical cayeron en picado. Durante los años de recesión económica, en las playas era menos frecuente contemplar yates desde la orilla.

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En los últimos veranos la situación ha remitido. Marina del Este es una zona de paso continúo de espectaculares barcos y a las playas sexitanas también ha vuelto el trasiego de motos de agua por el canal náutico.

Ninguna zona queda exenta. Las motos han conquistado todo el litoral. En Carchuna- Calahonda y Velilla son las áreas costeras donde más ha proliferado el uso de motos acuáticas y en Velilla la situación ha generado más de un quebradero de cabeza para los residentes.

El ruido de las motos perturba la tranquilidad de los vecinos, que han elevado numerosas quejas. El aumento en el uso de embarcaciones durante los fines de semana y los meses de verano ha provocado que en los bloques de pisos en primera línea se sienta el zumbido de las motocicletas náuticas. La situación ha llegado a tal extremo que el Ayuntamiento de Almuñécar ha demandado a la Subdelegación del Gobierno, del que depende el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que tome cartas en el asunto para acabar con el malestar que están provocando entre los vecinos el uso descontrolado de motos acuáticas que no están asociadas a los centros de alquiler o actividades náuticas del municipio. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana prohíbe la navegación por el interior de las zonas de baño, comprendidas entre la playa y la línea de balizas, y que en el caso de que no haya línea de balizas se considerará una franja de 200 metros de anchura desde el litoral. La Mancomunidad de Municipio señaliza cada verano las calles de navegación e instala las balizas a finales de junio, pero algunas motos se lo saltan y molestan a los bañistas.

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«Desde que le dimos traslado a la Subdelegación del Gobierno se ha incrementado la vigilancia. Hay patrulleras de la Guardia Civil cada dos por tres, las quejas de los vecinos han disminuido notablemente. Pero se debe buscar una solución al descontrol de las motos de agua, es un problema que afecta a todos los municipios de la Costa por la falta de regulación», explica Daniel Barbero, edil de Turismo y Playas de Almuñécar.

La Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda comparte el mismo problema que el municipio sexitano. La presidenta de la ELA, Concepción Abarca, cuenta que en la playa de Calahonda las motos «invadían» el agua sin respetar el canal náutico. El servicio de socorrismo y la Policía Local se coordinan para llamar la atención de los usuarios que no respetan la normativa. «La Guardia Civil es el único que puede poner freno a las conductas incívicas de muchos usuarios, pero los agentes y los socorristas controlan y pueden sancionar en la orilla si no se respeta el canal náutico que se ha establecido», advierte Abarca.

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Perjudicar a las empresas

Para los chiringuitos náuticos, que tienen que cumplir con una serie de requisitos para el alquiler de motos de agua, el uso que hacen algunos particulares de estos vehículos les perjudica. Desde el chiringuito Danis de La Herradura los propietarios lamentan que llevan 40 años trabajando con motos náuticas, pero que la proliferación de particulares que «adquieren un permiso para su uso por 100 euros sin respetar la normativa» daña la imagen de las empresas costeras que se dedican a ofrecer actividades acuáticas a los visitantes. «Nosotros tenemos limitado un circuito por donde deben circular las motos de agua. Los usuarios que las utilizan tienen un contrato, van con unos monitores y además disponemos de un control remoto para poder interferir si hacen un mal uso del vehículo o navegan por zonas que no están permitidas», cuentan. «La velocidad está limitada, mientras que los particulares trucan sus motos y se acercan a zonas de baño poniendo en peligro a los bañista», lamenta. «Somos una parte perjudicada y no el problema. Nuestra actividad está regulada», sentencia Mari, la propietaria.

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