La convocatoria de huelga en las ITV deja en el aire más de 14.000 citas en Granada

En toda la Comunidad hay setenta ITV con una plantilla que supera las 1.700 personas. En la provincia de Granada hay nueve de ellas –en Granada capital, Motril, Órgiva, Huéscar, Baza, Guadix, Peligros y Las Gabias– y dos estaciones móviles. A diario, unos 100 vehículos pasan por cada una de las 28 líneas de inspección que suman las estaciones de la provincia, con una reducción de vehículos los sábados, ya que solo se abre por la mañana. Los cálculos de los sindicatos –si la huelga tiene éxito, como esperan– es que se dejen de inspeccionar 14.000 vehículos –haciendo un cálculo a la baja– en la provincia durante los ocho días de paro. Un tapón considerable que pretenden trasladar a toda Andalucía, donde estiman que se podrían dejar de atender 160.000 citas durante las ocho jornadas de huelga.

El coordinador regional de UGT en Veiasa, Romualdo Barcala, explica que el último convenio que fija las condiciones de los trabajadores de las ITV es de 2008, por lo que dieciséis años después sus condiciones están absolutamente desfasadas.

«El convenio caducó en 2012 y se denunció en 2017 para negociar uno nuevo pero, a pesar de las distintas reuniones con la dirección de Veiasa e, incluso, con la Consejería, no hay manera de avanzar. La empresa tiene que elevar cualquier acuerdo a la Junta y no se mueven», denuncia el coordinador regional de UGT.

La desactualización del convenio en materia de normativas o condiciones laborales tiene perjuicios directos en el día a día de la plantilla, como la falta de promoción interna. «Al denunciar el convenio en 2017 se bloquearon los ascensos, nadie promociona a categorías superiores y hay diferencias salariales de hasta 600 euros entre profesionales que en la práctica realizan el mismo trabajo», relata.

En la misma línea que su compañero, el coordinador regional de CC OO en Veiasa, Nicolás Armijo, pone el foco en que la reivindicación y la protesta no están enfocadas tan solo en la demanda de mejora salarial, sino en la necesidad de proteger a unos profesionales que están acogidos a un convenio totalmente desfasado.

«En materia de salud, por ejemplo, hay normativas europeas en relación con los agentes cancerígenos que no se están contemplando porque tenemos un convenio hecho a retazos», esgrime Armijo, que insiste en que la realidad social y laboral de Andalucía no se corresponde ya a la que tienen contemplada en su convenio.

«No estamos peleando por un incremento salarial sino por un convenio a la altura de 2024. La reivindicación está enfocada en cuestiones como las categorías profesionales que no se han actualizado o los permisos retribuidos. Somos la única empresa pública de la Junta de Andalucía rentable, en este último año hemos generado 23 millones de euros de beneficios que van a las arcas de la administración y eso repercute en sanidad y educación. Somos la joya de la corona de las empresas pública y sin embargo no se nos cuida ni se nos trata igual que al resto», resume. Repartir las inspecciones de toda la semana de lunes a viernes, cerrando más tarde las estaciones, es otra de las reivindicaciones de estos profesionales, que trabajan los sábados.

La Junta aún no se ha pronunciado sobre esta convocatoria de huelga de la que se ha descolgado el sindicato CSIF, que la considerara «precipitada» y aboga por mantener la vía de la negociación con la empresa. En Granada este sindicato es el mayoritario en el comité de empresa, lo que genera dudas sobre el seguimiento de la protesta en los nueve centros de la provincia. Sin embargo, las sensaciones de UGT y CC OO son muy positivas. «Se nos está ninguneando y faltando el respeto por lo que creemos que el respaldo de los compañeros va a ser bastante alto en todas las estaciones», coinciden.