El Consultivo vuelve a dividirse ante el recurso de la Junta contra la 'ley del impuesto de los ricos'

Si hace unos días, como publicó este periódico, una decena de dictámenes sobre unas ayudas a trabajadores de Boliden en 2010, en el marco de los controvertidos ERE, dejaban entrever –al menos en ese asunto– una suerte de 'cisma' entre los miembros de la Comisión Permanente, el citado nuevo dictamen lo vuelve a evidenciar.

La resolución en cuestión, que es preceptiva pero no vinculante –esto significa que la Junta podrá seguir adelante con el recurso o no con independencia de lo que opine el Consultivo–, avala «que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que regula el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas pida su suspensión cautelar».

Ese respaldo está rubricado por los consejeros María del Mar Moreno, Antonio Dorado y la presidenta del Consultivo, María Jesús Gallardo Castillo, quien, según las fuentes consultadas, ha sido la ponente y ha tenido que hacer uso del voto de calidad que ostenta como presidenta para romper el 'empate' que se ha producido tras la reciente dimisión de uno de los miembros del órgano: Ángel Rodríguez-Vergara Díaz.

Cabe recordar en este punto que la comisión permanente está integrada por siete miembros en total –seis consejeros y la presidenta– y que, tras la salida del consejero Rodríguez-Vergara, se ha reducido a seis. De ahí que el voto de calidad de Gallardo haya sido necesario para inclinar la balanza. Una inclinación que, en este caso, ha sido para amparar la decisión de la Junta de pedir al Tribunal Constitucional que deje en 'stand by' la ley estatal hasta tanto resuelva si es inconstitucional o no.

De este modo, han sido cuatro los votos a favor –los dos de Gallardo, el de Moreno y el de Dorado– y tres los votos en contra: el del expresidente de la Junta Rafael Escuredo, el de la exconsejera de Justicia de la Junta Begoña Álvarez Civantos y el del consejero del órgano Juan Gorelli Hernández. La opinión de estos tres últimos ha quedado plasmada en un voto particular que incluye el dictamen.

A todo esto, no hay que perder de vista que el Consultivo está pendiente de su renovación y que, por lo tanto, sus miembros se hallarían en el período final de este mandato, que es de cuatro años y que ya se ha superado. Sobre este extremo, fuentes del órgano de consulta puntualizaron que no se puede considerar que estén en funciones, pues, según indicaron, todos siguen siendo miembros de pleno derecho hasta tanto no se produzcan los nuevos nombramientos.

IDEAL ha tenido acceso a ese voto particular, en el que llama la atención que haya sido formulado por Begoña Álvarez Civantos, quien en la decena de dictámenes sobre Boliden (once en total) antes referidos que evidenciaban la fractura en la permanente, se había alineado a favor de la mayoría que declaró aquellas ayudas nulas, pasándose ahora al 'bando' discrepante en este otro asunto.

En el voto, ella y los dos consejeros que se han adherido a su postura, «discrepan de la argumentación jurídica del dictamen en su núcleo esencial y, en consecuencia, de la conclusión» que, a su juicio, debió ser «justamente la contraria». Esto es, que el Consultivo debió «considerar improcedente la interposición del recurso de inconstitucionalidad».

En este punto, los firmantes del voto particular consideran que el dictamen mayoritario sigue «prácticamente al pie de la letra» el informe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, que califican de «excesivamente ortodoxo».

Los tres consejeros tildan así de «incorrecta» la fundamentación del dictamen en cuestión para justificar que la ley estatal debe suspenderse hasta que se resuelva un recurso de inconstitucionalidad, impulsado por el gobierno popular de Juanma Moreno y que, opinan, tiene «un incuestionable tinte de oportunidad política».

Los tres consejeros recuerdan lo arriesgado de mostrarse a favor de suspender la vigencia «de una norma aprobada en la sede de la soberanía popular de todos los españoles», en contra de lo que ha venido diciendo al respecto el Constitucional.

En este sentido, y tras citar una serie de resoluciones del propio TC, el voto particular concluye que «no cabe acordar ninguna limitación a la aplicabilidad de la ley estatal como consecuencia de que haya sido impugnada ante el Tribunal Constitucional».

La Junta basa su recurso de inconstitucionalidad, ahora con el aval del Consultivo, en que el nuevo impuesto estatal afectaría al impuesto sobre el patrimonio, que es un tributo cedido a la comunidad autónoma, la cual ha establecido una bonificación general del 100% de la cuota en uso de su competencia (la supresión del impuesto de sucesiones).

Y el dictamen del Consultivo determina que, como cree la Junta, sus competencias en la materia se verían afectadas «en la medida en que ha sido la norma estatal y no la competencia normativa autonómica la que ha concretado la política fiscal que se pudiera perseguir a nivel autonómico».