Una constructora de Granada gana un litigio contra la Comunidad de Madrid, que le pagará 11.000 euros

La sentencia revela que la constructora granadina recurrió el «silencio administrativo» (falta de respuesta de la administración) de la Comunidad de Madrid, pues las certificaciones de obra que había presentado al cobro desde el 30 de marzo de 2017 al 27 de noviembre de 2018 le fueron abonadas en fechas muy posteriores a su vencimiento, «lo que generó los correspondientes intereses de demora».

Fue el 10 de febrero del año pasado cuando se presentó ante la Administración demandada la correspondiente reclamación de esos intereses devengados y no cobrados, sin que la Consejería de Educación madrileña haya resuelto nada al respecto.

Por eso, la empresa consideró que su reclamación había sido desestimada e interpuso el correspondiente recurso ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid (el número 26), que ha dispuesto que se le deben abonar esos intereses.

IDEAL ha tenido acceso a la resolución, en la que se especifica que el letrado de la Comunidad de Madrid determinaba que la cantidad de los intereses que correspondería a la empresa era algo menor: 9.174 euros frente a los 11.511 que se reclamaban.

Finalmente, la justicia ha estimado parcialmente el recurso de la empresa y ha condenado a la Consejería de Educación e investigación de la Comunidad de Madrid a abonar a la parte demandante «los intereses de demora devengados y no cobrados, generados como consecuencia del retraso en el pago de las certificaciones de obra, excluido de su cálculo el importe del IVA».

Las fuentes del caso consultadas por este diario precisaron que contra esta resolución, que estaba fechada el 19 de enero pasado, no cabía recurso y que fue declarada firme exactamente «el día 2 de marzo». El juzgado madrileño que ha puesto fin a este pleito está de acuerdo en que la empresa emitió las certificaciones de obra correspondientes y que todas ellas se abonaron pasado sobradamente el plazo legalmente establecido de 30 días para ello.

Sobre la no inclusión del IVA, establece en sus razonamientos que «la cantidad sobre la que aplicar los referidos intereses no puede ser otra que el principal de la deuda, esto es, el precio cierto o de contrata y no el importe del IVA». La constructora ha estado representada por el letrado Sergio Oya, del despacho LegaleGo de Granada.