Condenan a Proyecto Hombre a pagar 684.000 euros a un joven que casi se ahoga en una piscina de Motril

También ha recurrido la sentencia, que fue dictada el pasado 6 de abril, el padre de Víctor, como confirmó su letrado, Nicolás Sánchez Carmona, al entender que hay conceptos indemnizatorios que no han sido correctamente valorados y que en lo sucedido no tuvo culpa alguna Víctor.

La familia consideraba en su demanda que el Ayuntamiento de Motril también había tenido responsabilidad, dado que las instalaciones eran municipales. Sin embargo, el juez que ha resuelto el caso, Javier Ruiz Casas, magistrado sustituto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada, exonera a la administración local, al concluir que la piscina motrileña cumplía con todas las exigencias legales.

Tenía, de hecho, dos socorristas trabajando en el momento del trágico episodio, a las que también exculpa el magistrado. Una se había acercado justo en ese instante al vaso de los niños pequeños, mientras que la otra se encontraba vigilando el vaso grande, donde Víctor estaba haciendo un largo, pero no se percató de su hundimiento porque se produjo, según indica el fallo, «sin aspavientos ni gritos de auxilio».

Es más, para el juez, la socorrista actuó con «diligencia» cuando fue avisada de que había un bañista en el fondo, pues reaccionó de inmediato y sacó a Víctor con ayuda de otros usuarios. Enseguida le practicó los primeros auxilios, pero la ausencia de aire ya había desmoronado su existencia: el joven, de entonces 29 años y que había trabajado en la construcción, estaba en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, aunque logró ser reanimado, sufrió severas lesiones cerebrales por la falta de oxígeno y perdió todas sus capacidades.

Hoy Víctor sigue unido a la vida porque sus padres no duermen. Pasan «las 24 horas pendientes de él», que está postrado en una cama, en el comedor de un piso de Almuñécar que no reúne las condiciones necesarias para una persona en su estado. Sus días transcurren entre el dolor silencioso de sus progenitores, que tienen 63 años, y su total inmovilidad. Vive y duerme en el salón, en un colchón especial y hay madrugadas, afirma su padre, que «llora». Junto a él, Francisco y su madre, han colocado un sofá cama para sus eternas noches en vela. No concilian el sueño porque sería arriesgado: la mucosidad a veces impide respirar a Víctor y hay que aspirarla rápidamente.

La pareja antes residía en el barrio del Albaicín, pero se mudó hace un año a ese domicilio sexitano, como explica Francisco, porque el salón de su anterior vivienda era muy pequeño. El cambio fue también estratégico, para estar cerca de otros dos de sus hijos que viven en la Costa. Pero se encontraron con un nuevo problema: para salir a la calle de su actual inmueble hay que salvar varios escalones, son pocos, pero, además de una camilla, «se necesitan cuatro personas para bajar a Víctor», indica el padre, que se queda sin voz y sin lágrimas cuando recuerda aquella fatídica mañana en la que el futuro de su hijo se diluyó en el cloro de una piscina.

Víctor tiene sus sentidos prácticamente apagados. Precisa sondas para comer y hacer sus necesidades y respira gracias a que le practicaron una traqueotomía. Requiere de una atención constante desde que Francisco y su mujer decidieron pedir su alta y llevárselo con ellos a casa tras meses en el Hospital de San Rafael sin mejoría.

Francisco, como recuerda, tuvo que dejar su trabajo de veintitantos años en una institución benéfica, el Sagrado Corazón de Jesús, para junto a su esposa, operada del corazón, asumir todos los cuidados de su vástago. «Víctor era una persona muy amable. Cuando veía a señoras mayores que iban a tirar la basura y él pasaba, les decía 'déjeme usted' y las ayudaba», rememora triste Francisco. «Cuando estaba en la UCI, los neurólogos me dijeron que ya no había solución, pero para un padre es muy difícil decir voy a desconectar a mi hijo... ¿cómo vivo yo después?, solloza.

El matrimonio pedía en su reclamación de responsabilidad patrimonial 2,7 millones de euros, pero la resolución estima solo parcialmente su demanda y fija la indemnización en los más de 684.000 euros antes indicados, al entender que hubo una concurrencia de culpas. La de la fundación derivaría del hecho de que el monitor de Proyecto Hombre que acompañó a Víctor a la piscina, junto a otros seis chicos de su centro de tratamiento ambulatorio de Motril, no se encontraba presente en la zona de baño cuando todo ocurrió.

Este monitor, un voluntario de la fundación, se había quedado fuera del recinto con los cinco que no habían querido bañarse. El magistrado explica que, «de acuerdo con el Reglamento Interno de Proyecto Hombre, dicha entidad estaba obligada a prestar una atención y una supervisión individualizadas de los usuarios adscritos a sus programas de desintoxicación y deshabituación». De ahí su responsabilidad.

Si el juez observa parte de culpa en Víctor (un 40%) es por dos motivos. El primero porque al rellenar los papeles de su contrato terapéutico no especificó que había sufrido ataques de epilepsia. La última crisis había sido en 2011, aunque no se ha establecido que su ahogamiento se debiese a un nuevo episodio sufrido aquel día. El segundo porque, aunque fuera adulto y supiese nadar, presentaba ansiedad, tomaba ansiolíticos y se hallaba desintoxicándose, extremos que debió comunicar «previamente a la socorrista» por «potencialmente» peligrosos, a fin de que esta pudiera extremar su atención. Alguna de esas circunstancias «tan relevantes» pudo ser determinante para que Víctor perdiera la conciencia.

La condena incluye a la aseguradora de Proyecto Hombre, que no obstante solo respondería con 150.253 euros. Este caso tuvo una primera escala en la vía penal, en forma de denuncia contra las socorristas, pero acabó en archivo. IDEAL ha podido saber que los padres de Víctor pidieron la ejecución provisional de la sentencia mientras se resolvían los recursos para poder contar con dinero para sufragar la rehabilitación de Víctor, pero el juzgado no ha accedido y esa negativa está asimismo recurrida.

Fuentes del Ayuntamiento de Motril consultadas por IDEAL sobre este caso recordaron que el suceso ocurrió cuando gobernaba la anterior corporación, aunque estimaron que la sentencia en primera instancia es «contundente». En este punto, recalcaron que en el procedimiento judicial «quedó suficientemente demostrado» que por parte del Consistorio se cumplieron «todos los parámetros de seguridad exigible establecidos por la legislación vigente en lo que se refiere a la piscina municipal». Además, la reacción del personal a la hora de socorrer «fue muy buena y se actuó siguiendo todos los protocolos».

Las mismas fuentes explicaron que la relación entre el Ayuntamiento de Motril con Proyecto Hombre se configuraba en este asunto como 'usuario' y no como 'prestación de servicios', por lo que el primero no tenía responsabilidad en la seguridad de aquellos chicos, «que contaban con su propio monitor». En cualquier caso, dejaron claro que el socorrista de la piscina actuó «con total diligencia».