El choque entre Gobierno y Junta deja en un limbo legal a 1.250 viviendas turísticas

Para contextualizar la medida hay que echar mano a la nueva normativa europea para la regulación de alquileres de corta duración que obliga, desde el pasado 1 de julio, a todas las viviendas de alquiler turístico a contar con un código obligatorio denominado Número de Registro de Alquiler (NRA) para poder anunciarse legalmente en plataformas como Booking o Airbnb.

España ha sido pionera en imponer este nuevo Registro Único de Alojamientos Temporales, con el que el Ministerio de Vivienda quiere combatir los casos de fraude y que ha dejado fuera –lo anunciaba el Gobierno este domingo– a un total de 1.250 viviendas turísticas de la provincia, que solicitaron inscribirse y no han obtenido el visto bueno por no cumplir algún requisito, 620 de ellas en la capital.

Sin embargo, una cosa es que a partir de ahora el Gobierno pueda exigir que los anuncios de esas viviendas desaparezcan de las plataformas digitales y otra muy distinta que no puedan seguir operando legalmente. En Andalucía la competencia sobre la actividad turística de una vivienda es exclusiva de la Junta y mientras mantengan sus licencias autonómicas en regla, los propietarios de estas 1.250 viviendas que se han quedado fuera del registro estatal pueden seguir dedicándolas al alquiler turístico. Lo dejaba ayer fuera de toda duda el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal: «Las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales». En Granada son 11.972 las viviendas turísticas, en sus distintas modalidades, las que a día de hoy mantienen su licencia legal y que son revisadas periódicamente en el marco de los esfuerzos que están realizando desde la Consejería de Turismo «de la mano de los ayuntamientos» para «ordenar las viviendas turísticas», según recordaban desde la Junta.

El propio presidente Juanma Moreno entraba en la polémica sobre la retirada de pisos turísticos y tachaba la medida del Gobierno central de «fuegos de artificio» en tanto que está fuera de las competencias de la administración central. «Lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales», abundó el presidente andaluz.

También desde la patronal del sector de las viviendas turísticas de Andalucía arremetían contra el anuncio estatal y denunciaban «el ataque del Gobierno de Pedro Sánchez contra las competencias de Andalucía en materia de turismo». Desde la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, AVVAPRO, recordaron que el Real Decreto 1312/2024 en el que se fundamenta este nuevo registro estatal está impugnado por cuatro comunidades autónomas y dos asociaciones sectoriales. «Pretender aplicar sanciones o cancelaciones masivas mientras la norma está recurrida en los tribunales genera una inseguridad jurídica inaceptable y coloca a miles de familias y empresas en una situación de incertidumbre injustificada», denunciaron.