Delitos de odio en Granada

A la caza del ultra en redes sociales

Además de las concentraciones iniciales de protesta por parte de los vecinos, la agresión al señor derivó en una 'cacería' por parte de grupos ultras, que se enfrentaron durante el pasado fin de semana a grupos de magrebíes, con la intervención constante de la Guardia Civil y la Policía Local. Se organizaron por grupos de Telegram, donde se generaron numerosos subcanales, divididos por comunidades autónomas y hasta por provincias. Aunque en Granada también se creó alguno, lo cierto es que el caso de Torre Pacheco no ha tenido repercusión directa aquí, según explican fuentes de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ni se han producido altercados ni denuncias relacionadas.

Sin embargo, en Granada, como en el resto de España, las redes sociales son muchas veces un caldo de cultivo para estas actitudes agresivas. Las nuevas tecnologías facilitan el anonimato y, en consecuencia, la sensación de impunidad. Hay quienes las usan de forma responsable, pero también quienes las aprovechan para incitar al odio. Lo más frecuente en la provincia granadina, según las mismas fuentes, son ataques homófobos o racistas, pero son «puntuales». Mientras que en otras provincias, como Madrid, hay grupos ultras organizados que planean qué acciones violentas llevarán a cabo, en Granada no habría ninguna tendencia así en la actualidad.

A nivel oficial, ni Policía Nacional ni Guardia Civil explican cómo sus servicios de Información investigan posibles delitos de odio; en el hermetismo reside el éxito de sus intervenciones. Aún así, fuentes conocedoras de estos métodos dan algunas claves a este periódico. Cuentan que, en los casos concretos, siempre debe haber una denuncia. El odio es muy subjetivo y no es sencillo discernir si hay un hecho delictivo con este agravante o no, pero la base es que la víctima debe sentir que ha sufrido el ataque por su pertenencia a un colectivo vulnerable. Los pasos a seguir en estos casos están fijados por el Ministerio del Interior.

Los investigadores cuentan con potentes herramientas para recopilar información e, incluso, monitorizar la actividad en redes sociales. Además, siempre están atentos a la actualidad, por si pudieran convocarse concentraciones que pudieran alterar el orden público.

A la hora de investigar, la libertad de expresión y el discurso de odio son dos conceptos «que con frecuencia entran en conflicto». Así lo explica el fiscal delegado contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Granada, Jaime García-Torres, que recuerda que la libertad de expresión, pese a ser un derecho fundamental, «tiene sus límites». En este sentido, detalla que los operadores jurídicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilizan como herramienta el Plan de Acción de Rabat, un marco de actuación desarrollado por Naciones Unidas para interpretar los delitos de odio. Así, establece un umbral que considera determinados factores para evaluar si una declaración constituye incitación al odio.

En Granada, recuerda Jaime García-Torres, existen diversos procedimientos abiertos en la Fiscalía por delitos de incitación al odio, así como por lesión a la integridad de las personas por un motivo de discriminación. También existen diversos procedimientos en marcha por insultos xenófobos, homófobos y por atentados contra la libertad religiosa. Sin embargo, el fiscal admite que no se ha observado un cambio significativo en la tasa de estos delitos durante estos años, lo que sugiere una tendencia «estable». Aún así, es «fundamental no relajarse, seguir fomentando la denuncia entre la población» y asegurar que los delitos «se investiguen y se castiguen adecuadamente».

Y aunque la colaboración de las plataformas de redes sociales en estos casos existe, ocurre «con diferentes grados y tiempos mejorables». «Es deseable una colaboración más estrecha en la moderación de contenidos y agilizar la entrega de los datos de titularidad de perfiles cuando son solicitados por la autoridad judicial», manifiesta Jaime García-Torres.

En cuanto a las consecuencias legales, hablamos sobre el tema con el abogado penalista Félix Fernández, que lleva varios casos de grupos ultra de fútbol en España, también en Granada. Distingue entre dos tipos. Por un lado, la incitación al odio públicamente para generar hostilidad contra un colectivo por motivo de raza, religión u orientación sexual, entre otros. Un ejemplo sería incitar a agredir a todos los miembros de uno de estos grupos, «como en el caso de Torre Pacheco». «Es una pena agravada de uno a cuatro años de prisión, con multa de seis a doce meses, en función del caso», resalta.

Por otra parte, la pena es de seis meses a dos años de cárcel cuando se trata de una actuación concreta contra una persona. «Otro que se está viendo mucho, y que está castigado con penas de seis meses a dos años de prisión, es cuando se deniega algo a una persona por pertenecer a uno de esos colectivos, por ejemplo, la entrada a una discoteca o el alquiler de un piso», añade el abogado.