Carmen Crespo exige al Gobierno aprovechar los fondos europeos para impulsar las canalizaciones de Rules

El proyecto de las canalizaciones de Rules se divide en once proyectos, de los cuales el Gobierno central está ya redactando y ha comprometido financiación para el primero de ellos, el denominado número nueve, que contempla 15 kilómetros de tuberías desde el embalse de Rules hasta la cota 200.

Sin embargo la consejera exige un paso adelante más importante y entiende que es vital que se garanticen los fondos para impulsar también el denominado desglosado tres, la red de tuberías que permitirá llevar el agua hasta Almuñécar y La Herradura y resolver el histórico déficit de agua en los municipios del Valle de Río Verde. No sólo permitiría ampliar 2.500 hectáreas de regadío, con la riqueza que ello conllevaría y la creación de puestos de trabajo, sino que garantizaría la viabilidad de las más de diez mil hectáreas de cultivos subtropicales que en estos momentos se están viendo gravemente amenazadas por la sequía y la salinilización de los pozos.

El Gobierno andaluz mantiene en alza la bandera de la defensa de las canalizaciones de Rules y está dispuesto a tender la mano al Gobierno central para colaborar en la financiación de la redacción de los proyectos. De los once en los que se divide la red de tuberías, el Gobierno central está ya redactando y ha comprometido financiación europea para el primero de ellos, el denominado número nueve, que contempla quince kilómetros de tuberías que van desde el embalse de Rules hasta la cota 200.

Sin embargo, la consejera reivindicó la necesidad de dar un importante paso adelante más y entiende que es vital que se garanticen los fondos para impulsar también el denominado desglosado tres, la red de tuberías que permitirá llevar el agua hasta Almuñécar y La Herradura y resolver el histórico déficit de agua en los municipios de los valles de los ríos Verde, Seco y Jate. No sólo permitiría ampliar 2.500 nuevas hectáreas de regadío, con la riqueza y la creación de puestos de empleo que esto supone, sino que sobre todo, el agua permitirá garantizar el futuro de las más de diez mil hectáreas de cultivos subtropicales que en estos momentos se están viendo gravemente amenazadas por la sequía y la salinilización de los pozos.

«El impulso a las canalizaciones de la presa de Rules ha salido de la boca del presidente de la Junta de Andalucía y de la mía desde el primer día. Nos sentamos con el Gobierno de España y le dijimos que nos vinculamos a este proyecto que es de vital importancia, que los fondos europeos son una oportunidad única para hacer también el desglosado tres. Que ese proyecto hay que sacarlo sí o sí. Si nos hubieran dejado gobernanza en los Next Generation ya estaría incluido», sentenció. Y añadió: «Reivindicamos con justicia, no es una cuestión de confrontación sino de necesidad».

La consejera aprovechó el foro para desgranar las claves de la llamada «revolución verde» que el Gobierno andaluz pretende convertir en la «polea medioambiental de la reactivación económica y social de Andalucía tras la crisis del covid». Como estandarte de esta revolución verde, Crespo se refirió a la política de agua que movilizará una inversión de 1.500 millones en Andalucía y generará 22.000 empleos gracias a obras como las de modernización de regadíos, restauración de cauces o depuración. En este sentido, destacó el esfuerzo que ha realizado la consejería para «cerrar el círculo» de la depuración con 94 obras en ejecución, más de 600 millones licitados y veinte depuradoras puestas en servicio en toda la comunidad.

En Granada, en esta legislatura se va a movilizar una «inversión histórica» en infraestructuras hidráulicas que supera los 329 millones de euros y que está solucionando viejos problemas con respecto a depuración, modernización de riegos, el abastecimiento en alta en la Contraviesa o la restauración hidrológica del embalse de Béznar.

Entre la larga lista de proyectos impulsados recordó que el Gobierno andaluz puso la primera piedra de la estación depuradora de aguas residuales de Los Vados y que ha iniciado las obras de depuración de todo el área Metropolitana de Granada

En materia de aguas regeneradas, en las que el Gobierno andaluz ve una oportunidad para dar nuevos recursos a los regantes, Crespo destacó la concesión de caudal depurado a los regantes de la zona de Río Verde.

Por otra parte, la consejera destacó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno andaluz para simplificar trámites y eliminar trabas para favorecer la generación de proyectos que generan riqueza y, en este campo, anunció que trabajan en un nuevo decreto de simplificación que reducirá plazos eliminando la burocracia que no aportaba protección ambiental. Por ejemplo citó que los proyectos sometidos a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Gobierno ya no precisarán la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Junta. «Si el Estado avala los proyectos de forma ambiental no tenemos que dar más vueltas en Andalucía, confiamos en el Gobierno», subrayó.

La consejera también abordó en su intervención una de las grandes preocupaciones del sector agrario, la PAC y recordó que desde la Junta han modificado gran parte del Plan Estratégico presentado por el Gobierno pero que aún les quedan «metas cruciales» en la negociación «para perfilar ese sistema de ecoesquemas, que de no hacerlo traerá graves problemas a Andalucía».

Los ecoesquemas –sistema de ayudas que prima las prácticas agrícolas y ganaderas que cuidan el medio ambiente– tal y como están planteados provocarán pérdidas de un 45% en la vega para los cultivos de regadío o un 53% en el secano de la Costa, según la consejera.

«Andalucía necesita una PAC justa que siga fijando la población al territorio y que establezca para Granada que los productores de frutas y hortalizas puedan percibir también ayudas directas», concluyó Carmen Crespo, que reivindicó al Gobierno de España mecanismos para mitigar las subida de costes que está sufriendo el sector primario. Entre las demandas que han elevado al Gobierno de España está la tarifa especial agraria de energía y un IVA reducido del 10% para los principales insumos de las explotaciones agrarias y ganaderas.